Tras la conformación del «Grupo de trabajo para la trasformación y Profesionalización de la Policía Nacional», mediante el decreto 211-21, solicitaron practicar una auditoría externa al organismo del orden relativa a la gestión y procedimientos de su control interno.

El grupo, conformado por el presidente de la Fundación de Institucionalidad y Justicia (Finjus), Radhamés García, Juan Ramírez, Bautista López García, Rosalía Sosa, Pedro Brache, Celso Juan Marranzini; José Luis Mendoza, Osvaldo Santana, monseñor Francisco Ozoria, Fidel Lorenzo, Mu Kien Sang; Héctor Guerrero Heredia y Carlos Manuel Estrella, Jorge Antonio López Hidalgo, Fausto Mejía, José Francisco Torres, Carolina Santana, Elena Viyella, Ricardo Nieves y Manuel María Mercedes, celebró su primera reunión el pasado viernes 9 de abril, en la sede del Ministerio de Interior y Policía, donde fue recibido por el ministro, su equipo de trabajo y asesores.

De acuerdo a una nota envida a la prensa, allí se compartió sobre los retos del grupo de trabajo, sus necesidades de apoyo logístico y otros aspectos derivados de su condición de ser un ente adscrito al Ministerio de Interior y Policía y su naturaleza específica, como expresión de la voluntad de cambio de amplios sectores sociales allí representados.

Tras la despedida del ministro, la comisión procedió a pasar balance a todas las responsabilidades derivadas del decreto y emprendió la labor de organizar el proceso de recolección de información para elaborar una agenda completa de trabajo, con sus prioridades, recursos, mecanismos de diálogo e intercambio con las autoridades estatales y gubernamentales correspondientes y con las organizaciones sociales, académicas, territoriales, empresariales, eclesiales y sectoriales en todo el país.

Para ese fin, el grupo de trabajo requirió del Ministerio de Interior y Policial la entrega de las siguientes informaciones:

1. Los borradores de los 22 reglamentos de la Policía Nacional pendientes de aprobación.

2. Los diagnósticos e informes relevantes sobre la situación actual de la Policía Nacional para el conocimiento del Grupo, elaborados internamente o por expertos externos.

3. El documento “Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro”.

4. Los protocolos que actualmente se implementan en la Policía Nacional e información sobre el nivel de los que están en proceso de redacción.

5. El status de los procesos sancionatorios ante el Consejo Superior Policial.

«Estas informaciones contribuirán a la elaboración de recomendaciones estratégicas sustanciales que permitirán la reestructuración de las prácticas institucionales, coherentes con los nuevos marcos normativos y ajustes en los aspectos organizativos y procedimentales», establece el documento.

Se consideró «urgente» iniciar una serie de evaluaciones técnicas sobre procesos institucionales decisivos, las cuales deben estar a cargo de las entidades estatales competentes legalmente. La comisión consideró pertinente, tras la elección de la nueva Cámara de Cuentas, que el Ministro de Interior y Policía le solicite «practicar una auditoría externa de la Policía Nacional relativa a la gestión y procedimientos de su control interno. La finalidad de esta auditoría es servir de base en la elaboración de un diagnóstico más integral que contemple los procedimientos de control interno de la gestión y procesos de la Policía Nacional».

Esta solicitud se basa en el hecho de que la Constitución de la República, establece que “La Cámara de Cuentas es el órgano superior externo de control fiscal (…), de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado. (…)”. De igual forma, la Ley número 10-04 que especifica las atribuciones y competencias de este órgano, plantea en su Artículo 10.- que la Cámara de Cuentas, tiene entre sus funciones:

1) Practicar auditoría externa financiera, de gestión, estudios e investigaciones especiales a los organismos, entidades, personas físicas y jurídicas, públicos o privados, sujetos a esta ley;

4) Formular disposiciones y recomendaciones de cumplimiento obligatorio por parte de los servidores públicos que son legal o reglamentariamente responsables de su aplicación;

5) Conocer y opinar de manera vinculante las normativas de control interno;”

El próximo miércoles 21 de abril se definirá su organización interna para la realización de su labor, y se procederá a la conformación de subgrupos de trabajo, estructuradas en función de las tareas que dispone el Decreto 211-21 del Poder Ejecutivo. Asimismo, se procederá a identificar los asesores y consultores que se requieren.