Comisión Seguimiento pide a JCE rechazar ley

Comisión Seguimiento pide a JCE rechazar ley

La Comisión de Seguimiento a los Trabajos de la Junta Central Electoral (JCE) solicitó anoche a los miembros del organismo de elecciones que se pronuncie contra la modificación de la Ley Electoral de modo que se impida la aprobación de la llamada Ley de Lemas o voto preferencial presidencial.

El Senado aprobó anoche en segunda lectura el proyecto de voto preferencial presidencial. Fue votado por 17 de los 22 senadores presentes.

En tanto que el director de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), José Alfredo Rizek, dijo que tan pronto la Cámara de Diputados apruebe la ley la recurrirá por inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.

[b]LA COMISIÓN[/b]

«Si los honorables magistrados están conscientes de que no hay forma de aplicar esa ley por razones que han sido repetidas en comunicados, en pronunciamientos, que ellos mismos también lo han dicho por separado, que el pleno como tal tiene en conciencia que pronunciarse y decir que van a hacer las elecciones conforme a la ley vigente», dijo monseñor Agripino Núñez Collado.

Reclamó a los miembros de la JCE rechazar la aplicación del voto preferencial.

Núñez Collado habló luego de concluir la reunión con los presidentes de las organizaciones empresariales, sindicales y de la sociedad civil, celebrada en el recinto Santo Tomás de Aquino, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Manifestó que hay un principio que establece que nadie está obligado a lo imposible y que si los jueces de la JCE están conscientes de que es materialmente imposible hacer unas elecciones con una nueva ley tienen que pronunciarse y rechazarla.

Expresó que los miembros de la JCE son los primeros que tienen que rechazarla porque en la democracia el Congreso es representante para hacer las leyes, pero en el caso de las elecciones los responsables ante la sociedad de la preservación de un proceso limpio, confiable, creíble y transparente son los miembros del organismo de elecciones.

En la reunión presidida por monseñor Núñez Collado, el arzobispo Ramón de la Rosa y Carpio y el obispo emérito Francisco José Arnáiz, estuvieron presentes Elena Viyella de Paliza, presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP); Frank Rainieri, presidente del Grupo Punta Cana; Jorge Iván Ramírez, presidente de la Cámara Americana de Comercio.

Miguel Ángel Tallaj, de la Asociación de Industriales de la Región Norte; Iván Reynoso, director de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago; José Alfredo Rizek, director de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS); Javier Cabreja, Juan Bolívar Díaz, Rafael Toribio de Participación Ciudadana, Gabriel del Río, de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Rafael Abreu, de la Central General de Trabajadores (CGT).

[b]CORTE SUPREMA[/b]

La Suprema Corte de Justicia consideró que el documento que le sometió el Senado es un texto que no tiene categoría de ley y que sólo había sido conocido en primera lectura por el Senado.

«Si bien el Senado está facultado por la Constitución y la ley para emitir actos y resoluciones sobre asuntos que son peculiares y privativos susceptibles de ser diferidos a la Suprema para que verifique su constitucionalidad o no, conforme a las previsiones del citado artículo 67, inciso 1 de la Constitución, no resulta así en el caso de la ley, la que como norma de carácter general y abstracto es producto no sólo de la cámara alta, sino del trabajo legislativo ejercido de manera integrada por el Congreso», estableció la sentencia.

Entiende que el texto sometido por el presidente del Senado, Jesús Vásquez Martínez no es un acto que la Constitución pone

a cargo de manera privativa de ese cuerpo legislativo, por lo que no puede ser analizado desde el punto de vista de la constitucionalidad.

[b]FINJUS[/b]

Rizek, director de la FINJUS, dijo que su advertencia de que recurriría ante la Suprema Corte debe «servir de señal de alerta al Congreso Nacional para desistir de los planes de aprobar una reforma electoral como esta, inoportuna, inconstitucional».

Llamó a los senadores a escuchar los planteamientos de los diferentes sectores de la sociedad en el sentido del perjuicio que originaría una reforma a la ley electoral debido a la cercanía de las elecciones.

Estimó que la Suprema Corte prefirió escoger el camino restrictivo de la interpretación de la Constitución, «pero nosotros esperábamos que los jueces tomaran el camino de la interpretación expansiva de la Constitución».

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