La Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) considera que la reforma fiscal que se plantea tiene que establecer otra forma de fiscalizar a la actividad minera en el país, tras señalar que la extracción de agregados es sumamente rentable por falta de fiscalidad.

El biólogo Luis Carvajal, coordinador de la Comisión, señala que nadie controla cuanto recibe el fisco por el negocio de los agregados, cuando los materiales que se extraen son ilegales.

Afirma que la extracción ilegal opera no solamente para evadir las leyes ambientales, sino para evadir los procesos fiscales.

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Pregunta: ¿Quién ha pagado impuestos por la arena que han movido de las Dunas, o por las que han sacado del río Nizao?

Actualmente, por ejemplo, el río Yuna está siendo saqueado hasta en horas de la noche, específicamente por la comunidad de El Verde, en Bonao, provincia Monseñor Nouel.

Indica que las grandes compañías engañan al Estado doblemente, ya que cuando hacen contratos consignan la extracción de agregados, pero no dicen de donde y al final terminan tomándolo de los ríos.

Por lo que cita cuatro delitos: el ambiental, el de engaño del costo del proyecto, el delito fiscal y, el peor, presentarse ante la sociedad como un empresario ilustre.

Afirma que la extracción de agregados de los ríos no solamente continúa, sino que se producen de manera clara e impune ante la mirada de las autoridades.

Lamenta que los gobiernos solamente se levantan cuando las violaciones llegan a los medios de comunicación, cuando responden que “estamos tomando medidas, hemos tomado la decisión de eliminar esa práctica”, pero en realidad es un circulo vicioso que se repite.

De manera constante se pueden observar los camiones tipo volteo y las volquetas de grandes dimensiones en carreteras y autopistas cargados de agregados filtrando agua.