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POR FERNANDO QUIROZ
Una Propuesta de Reforma del Sector Eléctrico Dominicano recomendó que una vez lograda la estabilidad macroeconómica y el equilibrio financiero del sector, el Estado venda las empresas distribuidoras de electricidad Edenorte y Edesur, así como sus acciones en Ege Haina, Ege Itabo y Ede Este.
A corto plazo, pide que el Estado no sea juez y parte en el sector eléctrico, recomendó una licitación internacional para adjudicar la administración, sobre la base de contratos, de Edenorte y Edesur, a sendas empresas privadas especializadas en gerencia de empresas de servicios públicos.
El informe, concluido en junio y preparado por la Comisión Nacional de Energía (CNE) y por la Comisión Especial de Energía (CEE), señala que la negociación debe realizarse a través de un proceso de licitación pública internacional competitiva y transparente.
Plantea que los problemas se centran en las dificultades para conseguir el equilibrio financiero debido a la desconexión entre cobranzas y costos, como resultado de la devaluación de la moneda nacional, bajos índices de cobranzas, altas pérdidas técnicas y altos costos de la generación.
Los participantes en las reuniones que elaboraron el informe están de acuerdo con la recapitalización como requisito indispensable para la continuidad del servicio.
Entre otras conclusiones cita que la reintegración vertical es innecesaria e inconveniente. «No es causa ni solución importante de los problemas que le afectan».
No se puede comparar, aclaran, y exponer como logro la integración vertical de Punta Cana Macao, con un índice de cobro del 99% porque vende electricidad al sector hotelero, y el de la empresa distribuidora Ede-Este y su propietaria AES, que cuenta entre sus clientes barrios como Capotillo, Gualey y Guachupita.
En términos inmediatos o de corto plazo, indica la propuesta, no se recomienda la venta de las propiedades del Estado en el sector eléctrico.
Propone que los ingresos correspondientes a la venta de todas las acciones sean reinvertidos en el sector, tales como hidroeléctricas, fortalecimiento de las redes de transmisión y explotación de fuentes alternas de energía.
INFORME
Firman el documento el director de la CNE, Antonio Almonte Reynoso, y el presidente de la CEE, Rafael Perelló.
La CNE organizó talleres de consulta en Santo Domingo durante los días 15 y 17 de diciembre del 2003; 25 y 26 de febrero del 2004, y 29 y 30 de abril del 2004.
Coordinó trabajos de investigación de los doctores Carlos Rufin y Roberts Means, contratados con la colaboración de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). La propuesta responde a las instrucciones dictadas por el presidente Hipólito Mejía a través del decreto 1036-03 del 28 de octubre del 2003.
INYECCIÓN CAPITAL
«La crisis de los últimos doce meses ha producido una fuerte descapitalización del sector debido a la insuficiencia de los ingresos captados por las empresas para hacer frente a gastos corrientes y nuevas inversiones», señala.
También, que el sector ha acumulado fuertes deudas con vencimiento a corto plazo para paliar la insuficiencia de recursos propios.
Propone que esos balances sean liquidados o convertidos en endeudamiento de largo plazo para dotar al sector de capacidad financiera para seguir operando.
Realizar las inversiones necesarias para reducir pérdidas y las deudas incobrables. Estas reducciones exigen mayores recursos humanos y equipamientos como medidores y redes de distribución, así como mejora de la red de transmisión.
FINANCIAMIENTO
Como posibles fuentes de capital recomiendan gestionar financiamiento a largo plazo con el Banco Mundial con base a un acuerdo o concertación entre todos los agentes del sector para aplicar un plan de reformas como el propuesto en el informe.
-Ofrecer las acciones del Estado en Ege-Haina y Ege-Itabo como garantías a posibles acreedores.
-Que como base a un acuerdo de consenso nacional el gobierno solicite al Fondo Monetario Internacional cierta flexibilidad para gestionar el financiamiento necesario para implementar estos acuerdos de reforma y recuperación en corto plazo del sector eléctrico.
LA REFORMA
Este nuevo conjunto de reformas se propone conseguir la sostenibilidad financiera, social y medioambiental del sector eléctrico para que sea un motor de la economía dominicana.
El rol del Estado en el sector eléctrico, plantea, no debe cambiar con respecto a los lineamientos de la reforma iniciada en 1999, lo que significa que la inversión debe partir principalmente del ámbito privado.
«Esta reforma no significa cambios radicales en la estructura y organización del sistema eléctrico, sino la introducción de algunos correctivos a fines de lograr la estabilidad, transparencia y eficiencia que requiere el sector», explica.
La iniciativa debe servir de base para la elaboración de propuestas legislativas y de políticas gubernamentales de corto, mediano y largo plazo.
Hay «un círculo vicioso, pues en la medida que la energía no cobrada a los que la usan es cobrada en vez a los usuarios que pagan por medio de tarifas más elevadas, el costo del suministro de electricidad se vuelve mayor, lo que incentiva a un mayor fraude o hurto y a la autogeneración», precisa.
A su vez, agrega, esto disminuye la base de usuarios sobre los que se puede cargar el «peso muerto» del sector, y así hasta quebrar totalmente la sostenibilidad financiera del sector.
Otro elemento que entienden causante de la insostenibilidad financiera del subsector eléctrico es la estructura de costos, especialmente por la generación, originado por el tipo de paquete tecnológico de transformación; unidades deficientes, baja capacidad, a base de petróleo como combustible único.
El riesgo muy real al que se enfrenta el sector eléctrico en la actualidad es que las empresas de propiedad privada lleguen a una situación de quiebra financiera, lo cual supondría el fracaso de las reformas realizadas desde 1999 y de las realizaciones de la iniciativa privada en estos años.
