Mientras las fundaciones  Institucionalidad y Justicia (Finjus) y Justicia y Transparencia (FJT)  reclamaron ayer  la aplicación inmediata de sanciones para los funcionarios corruptos, y pidieron a la Cámara de Cuentas actuar, el Comisionado para la Reforma Judicial consideró que el tema ha vuelto a la palestra  por razones puramente políticas.

 Servio Tulio Castaños Guzmán, de Finjus; Trajano Vidal Potentini, de la FJT,  y el Comisionado Lino Váquez, ofrecieron sus declaraciones por separado.

Pide cámara actúe.  El vicepresidente ejecutivo de la Finjus dijo que la percepción es de  que las respuestas a la corrupción son ineficaces porque los organismos competentes rehuyen a   ejercer las potestades que les confieren las leyes “y optan por escudarse en la supuesta ineficiencia del otro para no hacerse responsables de la impunidad generalizada que reina en el manejo de los fondos públicos en el país”.

Agregó que ante ese escenario  es “preocupante” que la Cámara de Cuentas tampoco esté ejerciendo las competencias que le otorga la Ley 10-04 para establecer directamente la responsabilidad civil y administrativa de los servidores públicos.

 “Ninguna otra potestad es más poderosa que, al abrigo del artículo 48, el poder declarar la responsabilidad civil de los servidores públicos que, por acción u omisión culposa, cometan un perjuicio patrimonial o económico contra las entidades u organismos públicos”, subrayó.

Castaños Guzmán afirmó que autoridad administrativa superior es la competente para adoptar las medidas concretas para la recuperación de bienes y valores, conforme el procedimiento de apremio establecido en el Código Tributario.

 Agregó que de acuerdo con ello, si en los 30 días posteriores la referida Autoridad no actúa, la CC puede, con vista en su resolución, someter el caso a la acción de la Justicia.

 “Finjus entiende que el procedimiento aplicable ante la acción judicial que presente la Cámara de Cuentas en estos casos es el de los embargos conservatorios, debiendo las autoridades judiciales validar en la forma y fondo sus resoluciones que es, por expresa disposición legal, un título ejecutorio, sin perjuicio de declarar las indemnizaciones que procedan conforme a derecho”, subrayó.

Evidencias  De su lado, el presidente de la FJT, Trajano Vidal Potentini, se quejó de que pese a las evidencias “palpables” (de corrupción) presentadas por la Cámara de Cuentas en los casos del Indrhi, la Liga Municipal Dominicana (LMD), y la “magnificación” de casos como el de las Promipyme, el Ministerio  de Educación y otras denuncias que ha hecho acopio, el Ministerio Público los ha engavetado sin que hasta se hayan producido acciones concretas.

Rechazó que el tema sea una estrategia política, señalando que una serie  de sectores organizados, entre ellos la Iglesia Católica y la sociedad civil, mantienen constantes denuncias a partir de las cuales  el Gobierno hace el planteamiento de que la va a combatir y no hace nada sino que “todo se ha quedado en retórica”.

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Competencia

El Comisionado para la Reforma de la Justicia lamentó que cada vez que en el país se pone de relieve el tema de la corrupción sea por un interés político, momentáneo, y muchas veces “mediádico”. El doctor Lino Vásquez dijo que para que la lucha contra la corrupción pueda surtir su efecto es necesario que todas las fuerzas políticas se pongan de acuerdo en que ese  es un tema serio, y no hablar de que se va perseguir a determinados funcionarios solamente. Afirmó que es responsabilidad del Ministerio Público hacer el sometimiento, pero no sin antes hacer su propia investigación para confirmar y garantizar que el proceso tenga éxito.