POR DIEGO PESQUEIRA
El comisionado de Justicia, Alejandro Moscoso Segarra, estimó ayer que “ni siquiera los funcionarios debieran portar armas de fuego”, a no ser que demuestren que es “estrictamente necesario”, tras revelar que prepara un anteproyecto de ley para establecer  reglas claras sobre el perfil de una persona para portar un arma de fuego.

Dijo que se motivó a trabajar en este anteproyecto para modificar la Ley 36, sobre Porte y Tenencia de Armas de Fuego, por entender que las desgracias que generan los usuarios de las mismas se han tornado preocupantes para el país.

Empero, Moscoso Segarra cree que cualquier medida debe ser acompañada de controles efectivos sobre el tráfico de armas, que a fin de cuentas llegan a manos de delincuentes. “El asunto de las armas en el país es preocupante y yo creo que este es uno de los países que son más permisivos con este asunto. Hay que ser drástico, y nadie pude tener un arma, sino tiene una justificación, es decir ni siquiera nosotros los funcionarios”, dijo.

  Al ofrecer declaraciones a Hoy se puso de ejemplo y dijo “por ejemplo yo para que necesito un arma, aunque soy un funcionario público  yo entiendo que no necesito arma. Claro yo tendría una seguridad, pero aquí todo el mundo tiene un arma”.

 A seguidas  dijo entender que Franklin Almeyda, secretario de Interior y Policía, ha hecho los esfuerzos por el desarme, pero que se ha encontrado de frente con personas que se oponen, incluyendo funcionarios.

“Es un asunto delicado que nosotros debemos enfrentar que nosotros debemos de alguna forma enfrentar”,  preciso. Sostuvo que si una persona no ocupa ninguna función de riesgo como los militares y  policías “porque tiene que usar un arma”.

Sobre este particular, Moscoso Segarra, adelantó que el Comisionado de Justicia prepara un proyecto de ley para modificar la Ley 36 sobre Porte y Tenencia de Armas de Fuego, donde se establecerían reglas claras y precisas sobre las cualidades necesarias para obtener un permiso. Explicó que este anteproyecto sería presentado en principio a Almeyda y posteriormente depositado al Congreso. El ante proyecto establecería algunas condiciones necesarias para poder otorgar un arma, “pero no basta con las normas y la ley, sino que debe existir una voluntad de parte de las autoridades de Interior y Policía y la propia ciudadanía”.

Lo ideal es que se establezca un riguroso examen  psicológico a las personas que se le otorgara el arma, que demuestren la solvencia del porque necesita un arma y que se establezca la diferencia entre porte y tenencia”.  

Abogó porque las personas  sorprendidas portando armas si su permiso es de tenencia,  se le suspenda el permiso e incautada el arma. Entiende que los hechos violentos, originados por armas de fuego,  debieran servir de ejemplo para adoptar medidas que permitan regular el porte y tenencia de armas.