POR DIEGO PESQUEIRA
El Comisionado de Justicia Alejandro Moscoso Segarra estimó ayer que no existen condiciones para revisar el Código Procesal Penal, puesto que se ha demostrado que las personas que están delinquiendo “no son las puestas en libertad por los jueces”.

No obstante, Moscoso Segarra, quien es además vicepresidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal (CONAEJ), entiende que es necesario abrir un espacio de discusión entre todas las instituciones para ver donde está el origen real del aumento de la criminalidad.

Sobre este particular dijo tener la firme convicción de que una de las causas del auge de la delincuencia es el narcotráfico.  “No hay que revisar la aplicación del Código porque el mismo está cumpliendo con su objetivo, lo cual está comprobado con cifras estadísticas que las solicitudes que los miembros del Ministerio Público hacen a los jueces sobre la prisión preventiva, en un 90% son acogidas”, precisó.

Lo que quiere decir, según Moscoso Segarra, que lo que están delinquiendo no son los que son puestos en libertad por los tribunales.

De acuerdo al Comisionado de Justicia, la inseguridad ciudadana, además de generar un costo político y económico, fundamentalmente se trata de un problema humano, que afecta la calidad de vida de todos los sectores de la población.

Agrega, además que impide los procesos generadores de desarrollo económico y de inversión, afecta la credibilidad pública de las instituciones, como así también la capacidad de gobierno, sobre todo en la administración de justicia y los organismos de seguridad, lo cual obstaculiza la preservación de los más elementales derechos humanos.

El comisionado de justicia sostuvo que son falsas las apreciaciones de que el Código favorece a los delincuentes, perjudica a las víctimas y limita el trabajo policial. “Esas posturas son falsas, ya que un sistema penal garantiza no impide a los poderes públicos de brindar una mayor seguridad. Por ello la discusión de que entre nosotros hay inseguridad porque existe una fuerte corriente, es una discusión errada”, precisó.

Sostuvo que excepcionalmente tiene que haber represión, como una respuesta penal, y la misma tiene que ser hecha respetando los derechos humanos, por que el origen de tal represión es la preservación de los derechos fundamentales de aquellos ciudadanos, entre ellos el derecho a la seguridad de los que viven de manera honesta respetando las normas de convivencia social.         

Las declaraciones de Moscoso Segarra surgen en reacción al planteamiento hecho por monseñor Agripino Núñez Collado, quien sugirió una nueva revisión del Código Procesal Penal para evitar que los delincuentes continúen siendo puestos en libertad cuando son llevados a la justicia.