GINEBRA. AP. La Santa Sede recibió duras críticas de un comité de la ONU ayer por su manejo del escándalo global de abusos sexuales cometidos por sacerdotes, en el interrogatorio público más intenso al que haya sido sometida acerca de las denuncias de que protegió a curas pedófilos a expensas de las víctimas.

Monseñor Charles Scicluna, el ex fiscal de la curia en materia de delitos sexuales, reconoció que la Santa Sede había respondido con lentitud a la crisis, pero dijo que ahora estaba empeñada en hacerlo. Alentó a los fiscales a tomar medidas contra los que obstruyen la justicia, una insinuación de que los obispos que trasladaron a sacerdotes de una diócesis a otra para protegerlos deben responder por ello.

“La Santa Sede comprende”, dijo Scicluna. “No digamos si es demasiado tarde o no. Pero hay ciertas cosas que se deben hacer de otra manera”.

El comité de la ONU lo sometió a un duro interrogatorio sobre el hecho de que la Santa Sede violó un tratado que obliga a los firmantes a tomar todas las medidas apropiadas para proteger a los niños. Existen denuncias de que la Iglesia, con tal de proteger su reputación, permitió la violación de miles de niños al proteger a los sacerdotes pedófilos.

La investigadora del comité en asuntos de derechos humanos, Sara Oviedo, insistió en el hecho de que los sacerdotes abusivos eran trasladados y no entregados a la policía. Dada la política de “tolerancia cero” de la policía, preguntó, por qué se hicieron “esfuerzos para encubrir y ocultar esta clase de casos”.

Otro miembro de la comisión, la psicóloga y psicoterapeuta italiana Maria Rita Parsi, insistió en ese aspecto: “Si se sigue ocultando y encubriendo estos hechos, ¿hasta qué punto se verán afectados los niños?” La Santa Sede ratificó la convención sobre la protección de los niños en 1990 . Pero no dio nuevos informes durante los siguientes 18 años.

Lo hizo en 2012, en medio de las críticas tras la explosión del escándalo por abusos sexuales en Europa y otras regiones. Grupos defensores de las víctimas y de los derechos humanos presentaron al comité testimonios escritos de los denunciantes y pruebas reveladoras de la escala global del problema. Sus informes citan estudios realizados en México y Gran Bretaña, conclusiones de juzgados investigadores en Estados Unidos e investigaciones gubernamentales en Canadá, Irlanda y otros países para demostrar cómo la cultura del secreto y el miedo al escándalo que impera en el Vaticano agravaron el problema.

La Santa Sede sostiene desde hace años que no es responsable de los delitos cometidos por los sacerdotes. Alega que los curas no son empleados del Vaticano sino ciudadanos de los países donde residen y están sujetos a las fuerzas policiales locales. También dice que los responsables de los sacerdotes son los obispos de las diócesis, no el papa. Pero los grupos defensores de las víctimas y de los derechos humanos proporcionaron al comité de la ONU documentos del propio Vaticano que demuestran cómo desalentó a los obispos de denunciar a los abusadores a la policía.

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Las víctimas
Grupos defensores de las víctimas seguían la audiencia con atención. “Creo que es hora de que la Iglesia ponga fin al secreto”, dijo a la Associated Press Teodoro Pulvirenti, quien sostuvo que sufrió abusos de un sacerdote. “Creo que la Iglesia da demasiada prioridad a su reputación antes que a las víctimas y usted conoce el dolor que nos provoca este abuso. Por eso me emocioné tanto cuando supe sobre esta reunión final entre representantes del Vaticano y la ONU”. Aunque insistió en la separación legal, el Vaticano respondió las preguntas en torno a casos en los que no tenía jurisdicción.

Wesolowski, procesado en Vaticano

La Iglesia católica, indicó, “está ansiosa por convertirse en un ejemplo de “best practices” en esta importante empresa”, tal y como exige la convención de la ONU. Durante la audiencia de ayer en la mañana, Tomasi subrayó que desde diciembre pasado, cuando el Vaticano envió las respuestas escritas, “un ciudadano del Estado de la Ciudad del Vaticano fue puesto bajo investigación por presuntos crímenes sexuales en contra de niños más allá del territorio del Estado de la Ciudad del Vaticano”.

Es una referencia implícita al caso del ex-nuncio apostólico en la República Dominicana, el polaco Jozef Wesolowski, sobre quien pesan dos investigaciones tanto en la isla caribeña como en su tierra natal y que fue destituido el 21 de agosto pasado. Al responder a los expertos de la ONU sobre la cuestión de la no extradición, Tomasi insistió en que, siguiendo las nuevas normas aprobadas por Papa Francisco, Wesolowski será procesado en el Vaticano (y no será extraditado) en cuanto diplomático de la Santa Sede. El ex nuncio será procesado no solo canónicamente por la Congregación para la Doctrina de la Fe, sino también penalmente por el Tribunal Vaticano. La investigación, dijo Tomasi, está en curso y el religioso polaco será juzgado “con la severidad que merece”.