Después de todo hay que convenir en que este es un país con mala suerte, o que la degradación política que lo afecta es tan grande que tropezamos una y otra vez con la misma piedra sin que podamos coger cabeza. Como si nos persiguiera un sino fatal para el escándalo permanente, y a la ilegitimidad más absurda, cuando no a la ilegalidad.

Nadie podía haber esperado que a menos de tres meses de su juramentación los miembros titulares de la Cámara de Cuentas estarían envueltos en otro escándalo muy similar al que protagonizaron sus antecesores también al comienzo de su gestión y que los dejó en el descrédito hasta que tuvieron que dimitir en el proceso a un juicio político.

Hay que recordar que los anteriores apenas llegaron se duplicaron el sueldo a casi  600 mil pesos mensuales y se les cuestionó más porque fue a dos semanas de promulgada una ley de austeridad que congelaba y hasta reducía los salarios del sector público. Pero también por la ilegitimidad de auto reivindicarse de esa manera con los recursos públicos.

Vale recordar también que frente a los cuestionamientos aquellos respondieron con un comunicado argumentando que ese nivel de ingresos era necesario para dar un claro mensaje de que no serían sobornados, que no venderían las auditorías. En un país donde los jueces ganaban de 60 a 80 mil pesos, los fiscales alrededor de 50 mil pesos, los coroneles 18 mil y los maestros 8 mil mensuales.

El cobro de tres sueldos en diciembre que se acaban de auto disponer los miembros de la Cámara de cuentas cuando sólo llevaban dos meses en esas funciones no será ilegal, pero sí absolutamente ilegítimo y escandaloso, sobre todo considerando el destino que tuvieron sus antecesores.

Han respondido la indignación general con un comunicado igualmente penoso donde se declaran como chivos sin ley. En pocas palabras que nada les prohibía pagarse, además de su sueldo de 282 mil pesos, otro como bonificación navideña y un tercero por incentivo, en total 845 mil 919 pesos. Cabría cuestionar también la legalidad de  que varios de los jueces  cobraron la regalía pascual que les correspondía por los otros cargos públicos que ocupaban hasta el momento de su designación en la Cámara.

Los argumentos son lastimosos: que la Ley de Función Pública y el Reglamento de la Cámara de Cuentas nos los incluye a ellos en “los plazos legales y tiempos mínimo requeridos” para recibir la ”Regalía Pascual”, como tampoco a los titulares de la Junta Central Electoral. Y efectivamente no los podía incluir porque esos dos instrumentos jurídicos, como ellos mismos señalan,  se refieren a la carrera administrativa.

Como tampoco podían estar incluidos en el Código Laboral que rige para los empleados privados, los directivos de la Cámara de Cuentas se consideran chivos sin ley y por tanto con derecho a distribuirse el patrimonio público a su mejor conveniencia. 

También hay que considerar que tanto la Ley de Función Pública como el Reglamento de la CC y el código laboral establecen que quien no tenga tres meses en un empleo no califica para recibir ni un centavo de “regalía pascual”. Y los que pasen de ese tiempo reciben sólo la duodécima parte de los salarios que hubiesen recibido, que tampoco es un sueldo completo. Legalmente en el sector privado el tope máximo obligatorio de “regalía pascual” es de apenas el equivalente a cinco salarios mínimos que equivalen a 36 mil 800 pesos.

Sería injusto esperar que se aplicaran el código laboral, pero muy razonable que siguieran la pauta de las normas para el sector público. Pero como ellos podían saltarse cualquier empalizada, como chivos sin ley, maximizaron la “regalía pascual” y se la duplicaron con un incentivo también injustificable a dos meses de estar en un cargo.

En esencia no es cuestión de legalidad, sino de legitimidad, de respeto a los fondos públicos que administran y a la sensibilidad de un pueblo con tan bajos niveles salariales, tanto en el sector público como el privado. Más aún si ya ellos mismos han reclamado un mayor presupuesto para el próximo año.

En la actual CC hay gente honorable, como las había también en la anterior, lo que no impidió el descalabro. Ahora como la otra vez hay que reclamar que devuelvan el dinero  que no les correspondía. Aquella vez el aumento fue revocado y aún así quedaron mal parados. Porque hay ilegitimidades peores que algunas ilegalidades.

Es lo mínimo que tienen que hacer para amortiguar el escándalo. Lo peor es que vayan a insistir en atribuir la denuncia e indignación a componendas entre políticos y ex-miembros del organismo, o al morbo y la irresponsabilidad de los comunicadores. Que intenten reparar el daño con  humildad, de lo contrario se justificaría que se les pidieran la renuncia o hasta que fueran destituidos por distraer en beneficio personal los fondos públicos que administran. Es lo que ocurriría en cualquier país siquiera de mediana intensidad democrática e institucional. No se olvide que al ser los llamados a controlar las cuentas nacionales deberían ser ejemplo impoluto no solo de legalidad sino de legitimidad.