Es natural y comprensible que hasta en la propia Junta Central Electoral (JCE) existan discrepancias en cuanto al diseño de instrumentos de regulación  para la campaña electoral y de fiscalización de las finanzas de los partidos políticos.

Una buena razón para que haya esas discrepancias es la alta influencia que tienen los propios partidos en la mayor parte de las decisiones de la JCE.

A pesar de que la Ley Electoral y otros instrumentos trazan las pautas de todo cuanto se debe hacer desde la Junta, hay un democratismo, una especie de co-gobierno que da a los partidos facultades para moldear a su manera muchas de las decisiones del sistema electoral.

La práctica ha demostrado de manera abundante que no todo lo que en una coyuntura determinada conviene a los partidos políticos conviene también a los intereses generales de la nación.

Un caso patético es el de la financiación de la campaña electoral de los partidos con dineros del erario, que evidentemente conviene a esas organizaciones pero que lesiona por varias razones los intereses de la nación.

II

La única razón valedera para que haya discrepancias en cuanto a reglamentar la campaña electoral, hacerla más breve y menos ampulosa, menos lesiva, es que los partidos políticos están acostumbrados a actuar como chivos sin ley, y cuando no, a poner las reglas a las que les convenga acogerse.

La realidad es que para el interés general del país aquí hay que someter a regulaciones estrictas el accionar de los partidos políticos y darle un carácter verdaderamente democrático al ejercicio de todos.

A algunos partidos podría convenirles recibir dinero del Estado para financiar sus campañas y aplastar a otros partidos excluidos de este beneficio. A la democracia en cambio, no le viene bien que se le pueda imputar creación de privilegios en favor de unos y en perjuicio de otros partidos.

III

Es comprensible que los partidos sean los causantes del entorpecimiento de los trabajos para reglamentar la campaña electoral porque, entre otras cosas, un reglamento podría perjudicar el estilo predominante de hacer política.

Tampoco hay manera de que puedan prosperar los esfuerzos por crear una ley de partidos que establezca pautas claras sobre la formación, existencia y extinción de estas organizaciones, sobre el manejo de sus procesos internos, que actualmente funcionan  como mercados, y para fiscalizar el origen y destino de sus propias finanzas.

Nuestros partidos han saboreado por mucho tiempo las mieles del laborantismo, de la compra de conciencias y de manejarse como chivos sin ley para alzarse con el control de gobiernos municipales, y sería pretender que llueva hacia arriba si se quisiera que cambiaran esa actitud.

Están muy acostumbrados a contaminar sus propios procesos internos, negociando y desconociendo candidaturas bien ganadas para formalizar alianzas con otras fuerzas políticas.

Están acostumbrados a manejar el Estado como la empresa propia, y no parece posible que vayan a renunciar a eso.

Es comprensible que no haya acuerdos para crear un reglamento que trace las pautas de la campaña electoral.