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El gran desafío que las presentes generaciones de dominicanos tienen por delante es cómo construir un verdadero Estado Social y Democrático de Derechos, que garantice los derechos civiles y políticos, los derechos económicos y sociales, los derechos culturales y deportivos, y los llamados derechos colectivos y del medio ambiente.
Frente a esa urgencia, conviene tomar en cuenta las reflexiones que sobre la construcción de un Estado social hace Thomas Piketty en su libro El Capital en el siglo XXI. El reputado economista señala lo siguiente: “Todas las experiencias históricas sugieren que con un 10-15% del ingreso nacional en recaudaciones fiscales, es imposible llegar mucho más allá de las funciones de soberanía tradicionales: si se desea que la policía y la justicia funcionen correctamente, no queda casi nada para financiar la educación y la salud. La otra elección posible es pagar mal a todo el mundo (policías, jueces, maestros, enfermeras), en cuyo caso es probable que ninguno de esos servicios públicos funcione correctamente. Esto puede llevar a un círculo vicioso, en la medida en que la mediocridad de los servicios públicos contribuye a destruir la confianza en el Estado, lo que a su vez vuelve más complicado la utilización de recursos fiscales importantes”.
La República Dominicana es un buen ejemplo de este señalamiento de Piketty. A lo largo de los últimos 20 años las recaudaciones fiscales han sido equivalentes al 14% del PIB y, en ese contexto, lo que ha predominado es la mediocridad de los servicios públicos y la falta de confianza en la efectividad del Estado. La asignación de recursos a seguridad ciudadana, salud, infraestructura y educación ha sido precaria y explica por qué estamos lejos de construir un verdadero Estado Social y Democrático de Derechos.
En salud, el gasto público en República Dominicana representa 2.5% del PIB, mientras que en los países que han construido un verdadero Estado Social y Democrático de Derechos (la mayoría de países OCDE), ese gasto representa el 5.7% del PIB. Si se desea disponer de un buen servicio de salud, la Organización Mundial de la Salud recomienda un gasto público equivalente al 6% del PIB.
Con relación a la inversión en infraestructura, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y otros organismos internacionales, recomiendan para los países de América Latina y el Caribe, si se quieren poner a la altura de los países desarrollados, un gasto público equivalente a 5.5% del PIB. En los últimos diez años, el gasto público en infraestructura en República Dominicana fue apenas equivalente a 1.78% del PIB.
En cuanto a la seguridad ciudadana, los países de la OCDE destinan el 1.5% del PIB. Por su parte, la República Dominicana, apenas destina el 0.8% del PIB.
Lo anterior nos permite entender las razones de las precariedades del sector público dominicano.
