JOSE BAEZ GUERRERO
j.baez@codetel.net.do
El Congreso tiene en sus manos un proyecto de ley para modificar la  Ley Monetaria y Financiera con una buena intención: actualizar la  legislación según recomendación del FMI. Una carta que la Asociación de Bancos  (ABA) ha publicado en la prensa, recuerda que dentro del marco del Acuerdo Standby con el Fondo, se acordó enmendar dicha ley para “igualar el nivel de supervisión y requerimientos prudenciales de la banca publica al  aplicado a la banca privada” y “fortalecer la Junta Monetaria e incrementar sustancialmente la independencia y capacidad de rendición de cuentas del Banco Central y la Superintendencia de Bancos”, y completar la “adopción de los principios fundamentales de supervisión de Basilea.”

 Pero como casi siempre ocurre cuando se pone el queso en manos del ratón, el proyecto de modificación contiene ciertos detalles que a los banqueros, con justificados motivos, los tienen disgustados. Por ejemplo, aumenta significativamente los aportes que realizan los bancos a la Superintendencia, cuando según un estudio comparativo regional hecho por la ABA, nuestro país ya posee la contribución más alta por este concepto. ¿No es claro que aumentar una carga, ya de por sí elevada, torna la banca menos competitiva internacionalmente? Aparte de esto, hay otros entuertos ennumerados por la ABA en su carta…  El proyecto de la Ley Monetaria y Financiera (Ley 183-02) pasó muchísimos años dando tumbos por el Congreso hasta que finalmente fue aprobada en el 2002, poco antes de la debacle bancaria por la quiebra fraudulenta de tres bancos. Cuando entró en vigencia, la opinión generalizada fue que mejoraba y modernizaba el marco legal, y en efecto a raíz de ello (y del purgante que fueron las quiebras), el país ha cosechado piropos de los organismos internacionales por el buen manejo del área monetaria y financiera.  Los bancos se han reorganizado y como consta en los estados financieros recientemente publicados, gozan de buena salud. La estabilidad y crecimiento de los últimos tres años son en buena parte resultantes de ello. Por tanto, me parece muy atendible la solicitud hecha al Congreso por la Asociación de Bancos para evitar que la modificación en la Ley Monetaria y Financiera sea utilizada para aumentar los costos operativos de la banca, dañando la competitividad y eficiencia del sector, en desmedro de toda la economía nacional.  Ojalá el caso reciba del Congreso una atención desinteresada.