EDUARDO JORGE PRATS
Uno de los grandes dolores de cabeza de los hacedores de política económica en la República Dominicana ha sido el de cómo lograr el desarrollo de un mercado de capitales. Hace poco se afirmaba que el mercado de valores no despegaba porque no se contaba con una ley que rigiera la actuación de los agentes del mercado y porque las empresas dominicanas se caracterizaban por su estructura familiar que las cerraba al público. De nada valía que se recordara que en otros países de estructura familiar existían mercados accionarios y que las leyes tienen que ser posteriores a los hechos económicos y no previos a éstos: el dogma era que esas dos razones impedían el desarrollo de un mercado de capitales.

La bolsa, en ausencia de ley y basándose en el principio de autorregulación, comenzó sus operaciones y se expandió. Lógicamente se trataba de un mercado de deuda a corto plazo, por lo que la bolsa en realidad actuaba como una mesa de dinero más que como un mercado de capitales.

Las verdaderas bolsas son y deben ser mercados secundarios de títulos de capital, independientemente de los valores de deuda que sean transados y que contribuyen indudablemente al desarrollo del mercado y a la expansión de la cultura bursátil.

Pero. ¿cómo lograr un mercado de capitales en un país sin tradición bursátil? El sentido común indicaría que los incentivos fiscales son un mecanismo eficaz para lograr la consolidación de un mercado secundario y ello explica por qué la Ley de Mercado de Valores contempló determinadas exenciones fiscales. Estas exenciones, sin embargo, no han contribuido a la creación de un mercado de acciones. Y la razón es muy sencilla: sigue siendo más barato para las empresas endeudarse en el mercado bancario que transparentarse fiscalmente y asumir todas sus cargas fiscales frente al Estado.

El resultado de esta situación es que lamentablemente los dominicanos somos privados de la oportunidad de participar en el éxito de las empresas dominicanas y, lo que es peor: los ahorros de los trabajadores vegetan en unos fondos de pensiones depositados en los bancos, los cuales, a su vez, depositan estos recursos en certificados de inversión del Banco Central. De ese modo, no se crea el círculo virtuoso de que el ahorro sea canalizado a la producción al tiempo que los fondos ni logran la rentabilidad deseada ni la diversificación de riesgos esencial para su adecuado funcionamiento.

Ante este panorama, ¿qué hacer? La respuesta no puede ser otra que fomentar el mercado de capitales con lo cual se logra la democratización del capital, la disminución de los costos de financiamiento de las empresas dominicanas -con lo cual aumenta su competitividad en mercados crecientemente globalizados-, la transparencia fiscal y la consolidación del sistema de seguridad social afincado en la inversión de los ahorros de los trabajadores en acciones. Pero. ¿cómo crear una oferta de acciones que hasta ahora es inexistente sin tener que asumir los costosos incentivos fiscales de siempre? Una de dos: o se intensifica la fiscalización fiscal -lo cual tiene límites- o se propicia la transparencia fiscal vía el incentivo de la reducción de la tasa corporativa para aquellas empresas que abran parcial o totalmente su capital al público. Pensamos que esta última opción es la indicada, pues la única manera de transparentar muchas empresas no es tanto ofreciendo nuevas amnistías fiscales como logrando acceder los verdaderos estados financieros de empresas deseosas de disminuir simultáneamente su carga fiscal y sus costos de financiamiento. Estamos precisamente en una excelente coyuntura pues la reclasificación de la cartera de los bancos obliga a las empresas a transparentarse, lo cual aumentará una carga fiscal que las empresas sólo podrán reducir accediendo a incentivos que premien la apertura al público del capital de esas empresas.

Estos incentivos transitorios deberían ser dirigidos a las pequeñas y medianas empresas que son las menos fiscalmente transparentes -y por tanto sería una ganancia para el Estado entrarlas al sistema tributario-, y las que más sufren por las restricciones crediticias y el costo de los préstamos bancarios. Con ello se daría un gran paso para que todos podamos participar en los beneficios de esta gran empresa que es República Dominicana.