La insistente pretensión de los colegios privados (elitistas)  al inicio de cada período escolar, de lograr un aumento sustancial de su tarifa y llegar al extremo, como en el caso reciente planteado por su Asociación, de  exigir pago por adelantado por matriculación  con amenaza de expulsión a los desacatados,  choca de frente con la Ley 86-2000 y la Ministra de Educación que les recuerda que existe una Ley y un Consejo Nacional de Educación, pluralista, democrático,  rector del sistema educativo dominicano quien fija la política educativa del Estado, con herramientas efectivas que permiten evaluar y justipreciar académica – presupuestaria de manera objetiva de cada reclamo de manera de determinar su justeza y procedencia de nuevas alzas y medidas, siendo ilegal e ilegítimo todo intento unilateral y caprichoso. 

Los defensores a rajatabla de la libertad de empresa, de la ley de la oferta y la demanda,   y la competitividad disfrazada, en su nombre están dispuestos a jugársela el todo por el todo, atribuyendo a las deficiencias del sistema educativo estatal y la pobreza evidente de sus centros de enseñanzas, en todos los niveles, el estatus  privilegiado del que gozan y deben disfrutar estos confortables colegios que, penosamente cierto, han sido una respuesta de la clase pudiente y media a la crisis educativa del sector público, responsabilidad de gobiernos que incumplen leyes, el mandato constitucional y los tratados internacionales siendo  la Educación un derecho universal de los pueblos de alta prioridad nacional, bajo la protección del Estado.

Esa visión opaca  coloca al final del vagón del progreso y el bienestar  social, lo que debe ser un primer compromiso de todos: el desarrollo educativo del individuo, inicio del desarrollo integral de la nación, de la productividad y del bienestar social. Bien social irremplazable, vehículo de renovación y transformación social;   fuente primigenia de riquezas, no sólo de unos pocos, promovida por acciones y políticas firmes del Estado Social cuya consecución  descansa en el  apoyo, esfuerzo y  trabajo colectivos,  de hombres y mujeres. Las fuerzas vivas de la nación, educadas en valores, decididas a mejorar la calidad de vida y lograr la  convivencia  pacífica y armoniosa deseada. 

Defensores del libre comercio,  propietarios y administradores olvidan  la sentencia del Vaticano, “el trabajo no es una mercancía.” Igual la Educación. No es algo que se compra y se vende, atendiendo a la oferta y la demanda sin regulación alguna. Buena para la explotación.  Para profundizar miserias y distancias entre quien todo lo tiene y lo pueden y los que apenas les alcanza el aire para vivir. La Educación,  pan de  grandeza y civismo  debe servir, con equidad y sabiduría, para beneficio de todos. Obligación primaria del Estado,  no excluye al sector privado. El concurso de quienes institucional y moralmente,  por su vocación docente y de  servicio, comparten esa responsabilidad social merecedora de  un justo beneficio económico por su valiosa contribución, más nunca mayor que el reconocimiento de una sociedad agradecida que espera de sus dirigentes y profesores, mayor comprensión y espiritualidad, algo que a grandes trances viene desapareciendo en el mundo globalizado del  neoliberalismo explotador y deshumanizante.