La seguridad ciudadana se define como “una situación social libre de riesgos, peligros y conflictos en cuyo marco las personas pueden gozar plenamente y ejercer integralmente sus derechos, libertades y garantías constitucionales” (Instituto Interamericano de los Derechos Humanos).

La seguridad ciudadana está vinculada al ejercicio de las libertades, eje fundamental de la democracia.

En estos momentos el país vive un proceso de deterioro de  la seguridad ciudadana por el incremento de la delincuencia y la ineficacia gubernamental en la intervención frente a esta problemática. Es así una de las principales preocupaciones de la población.

La seguridad ciudadana debe ser una prioridad de Estado, eje fundamental en las políticas sociales y no un tema reducido a la policía nacional.

Conviene que la policía nacional deje de ser el organismo encargado de la seguridad ciudadana por su vulnerabilidad frente a las redes delictivas y su ejercicio represivo. La seguridad ciudadana envuelve lógicas de prevención y erradicación de sus causas no de represión.

El punto de partida de las políticas públicas dirigidas a la seguridad ciudadana es la erradicación de las causas de la delincuencia, la violencia, mejoramiento de la confianza interpersonal e institucional y la cohesión social. Otras líneas de acción que deben desarrollarse en este sentido son:

– Inversión social y económica en educación acompañado de una mejora de la calidad. 

– Focalización de políticas sociales hacia la juventud, niñez y adolescencia.

– Ruptura con las prácticas de impunidad y corrupción existentes en las instancias de poder ejecutivo y judicial.

– Priorizar la oferta educativa del desarrollo de la música, artes plásticas, teatro y deportes en todos los municipios y distritos municipales tanto urbanos como rurales. Estas disciplinas deben estar acompañadas de un enfoque integral al que tengan acceso niños/as, adolescentes y jóvenes en todas las comunidades. La educación artística y musical es la mejor estrategia de educación para la paz, sensibilidad social y convivencia armónica.

– Establecimiento de políticas de generación de ingresos para grupos vulnerables.

– Fomentar el ejercicio ciudadano desde la educación popular.

– Fortalecer la cohesión social existente en las comunidades donde se tejen redes de solidaridad.

– Transformación del sistema de justicia y los organismos de seguridad  hacia la institucionalidad, descentralización y transparencia del mismo.

– Ruptura con los patrones de  ajusticiamiento, violación de derechos y represión presentes en el ejercicio policial, militar y de la DNCD.

– Establecer garantías de seguridad ciudadana para las mujeres, víctimas principales de la delincuencia.

Todas estas líneas de acción deben dirigirse a la búsqueda de la igualdad, la equidad y ampliación de libertades y oportunidades para el desarrollo humano.