Cómo luchar contra la corrupción

Cómo luchar contra la corrupción

EDUARDO JORGE PRATS
La lucha contra la corrupción ha desaparecido como eje medular de las políticas públicas del Estado o, por lo menos, como tema central del discurso por la reforma del Estado. El dato es interesante, pues, precisamente, fue el presidente Leonel Fernández quien tuvo el mérito, en su primera administración (1996-2000), de incorporar la transparencia pública en el discurso oficial, de crear un departamento a cargo de esta lucha en la Procuraduría General de la República, de someter al Congreso Nacional los primeros proyectos anti-corrupción y de exigir rigurosamente el depósito de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos.

Pero ya no se habla mucho del tema. O por lo menos no con el vigor de antes o la insistencia necesaria. Tampoco se hace mucho al respecto. Quizás este estado de cosas se deba a que, según las encuestas de opinión, a los dominicanos no les preocupa mucho el tema, o no tanto como la crisis eléctrica o la inseguridad ciudadana. Tal vez los escándalos bancarios del 2003 convencieron a la gente de que la peor corrupción era la privada. En todo caso, salvo esporádicas declaraciones de las autoridades o de los informes que, periódicamente, sacan a la luz organizaciones ciudadanas que trabajan el tema, poco se dice y poco se hace al respecto.

Posiblemente lo más criticable de los esfuerzos anti-corrupción ha sido pensar que se podía luchar efectivamente contra este mal desde el lado sancionador y judicial. La experiencia comparada revela que ésta no es la estrategia más conveniente. Si vemos que Estados Unidos, un Estado judicial de Derecho, no pone en los jueces y los fiscales la carga principal de esta lucha y si observamos que en Italia los jueces que llevaron a cabo la guerra de las “manos limpias” no han podido contener el deterioro de la cosa pública en manos de Berlusconi, es fácil comprobar este aserto.

Todo indica que la vía más exitosa y efectiva para combatir la corrupción y promover la transparencia es la prevención. De lo que se trata es de lograr leyes y sistemas de administración pública que permitan a los funcionarios públicos ser honestos sin tener que ser héroes. Ya lo decía Spinoza hace siglos: “El Estado será muy poco estable cuando su salud dependa de la honradez de un individuo y los negocios no puedan ser bien dirigidos sino a condición de estar en manos honradas. Para que pueda durar, es necesario que los negocios públicos estén ordenados de modo que quienes los manejen, ya obren de acuerdo con la razón, ya según sus pasiones, no puedan sentirse tentados de obrar con mala fe. Porque poco importa, en orden a la seguridad del Estado, el motivo por el cual los gobernantes administren bien los recursos públicos, con tal de que éstos estén bien administrados”.

El ejemplo de Estados Unidos es paradigmático, según nos cuentan Osborne y Guebler. A finales del siglo XIX, los norteamericanos, en lugar de perder el tiempo en litigios judiciales contra los corruptos, crearon sistemas de función pública, con exámenes escritos, escalas salariales y protección contra la selección o remoción arbitraria, lo cual contribuyó a aniquilar el clientelismo. Con el propósito de mantener los proyectos de obras públicas al margen de los políticos, crearon agencias administrativas independientes. Para limitar el poder de los padrinos políticos y caciques regionales, hicieron lo mismo a nivel estatal y municipal, creando una profesión de gerentes municipales profesionales, aislados de la política y que conduciesen los asuntos públicos de una manera empresarial y eficiente.

A partir del 16 de agosto, el presidente Fernández estará en el mejor momento para hacer uso de su liderazgo y de su hipermayoría congresional e impulsar firme y eficazmente una verdadera reforma de la Administración Pública, logrando la aprobación e implementación de una Ley de Administración Pública, una Ley de Procedimiento Administrativo, una Ley de Contrataciones Públicas y una Ley de Etica Pública. Con este paquete de reformas, se lucha contra la corrupción pública y privada y se evita también que los poderes fácticos enquistados en los municipios y en el Congreso arropen al partido oficial como ya lo hicieron con el Partido Reformista y el Partido Revolucionario Dominicano.

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