En la determinación de los tributos vigentes en un periodo dado hay principios básicos, y uno de ellos es que no hay imposición sin representación: “No taxation without representation”. Cada ciudadano que vota en unas elecciones congresuales, gane o no gane su candidato, está participando en la elección de sus representantes, y una vez elegido uno, éste representa a toda la comunidad. No sólo representa a los creadores de empleo o a los sectores productivos, también representa a los empleados y aquellos que no tienen posibilidades de tener un empleo, inclusive, a los que no votaron.

El orden social de una democracia supone no sólo el consenso con las clases opulentas, sino también con las necesidades del ciudadano común, del que camina por las calles cogiendo carros públicos para ir a su trabajo, del que tiene un pequeño negocio o siembra una tarea de tierra, y se supone, que cada ciudadano participa en las discusiones a través de su representante electo. Pero el que ha visto las formas en que se determina la estructura de un sistema tributario no tiene mucho espacio para hacerse ilusiones. En esto no somos originales, mucho se ha escrito sobre la formación de la voluntad política y el misterio con que ésta se conforman en materia tributaria.

Las decisiones de los parlamentos, según el alemán Gunter Schmölders, no sólo viene configurada por los partidos políticos, sino también por la influencia que ejercen sobre el diputado diferentes sectores incluyendo a su propia familia y la clase social a la que pertenece, su religión, e inclusive su generación. El proceso de formación de la voluntad política en una sociedad democrática, según el mismo autor citado, pasa por una serie de filtros diferenciadores donde además de los partidos intervienen los grupos de intereses y los medios de dirección de la opinión pública.

La intervención de los grupos de intereses está marcada por lo que Louis Eisenstein, en su libro: “Las ideologías de la Imposición”, que no es un enfoque marxista de estas, concluye como evidente, a través de la cita de un eminente abogado. James C. Carter, un célebre abogado que presidió la American Bar Asocciation, declaró: “En toda comunidad quienes soportan las cargas de la imposición son propensos, como es natural, a sacudirse de su malestar fiscal.  Una clase lucha por eludir las cargas que pesan sobre sus espaldas. Si tiene éxito, dichas cargas acabarán incidiendo, naturalmente, sobre otros. A su vez, estos tratarán de desembarazarse de ellas y, finalmente, el peso recae sobre quienes no intentan o no pueden realizar un fructífero esfuerzo para disminuir su carga”. Carter añadió: “el conflicto es un asunto unilateral, en el cual solamente intervienen los ricos, y en el que los pobres siempre llevan la de perder”.  

Estos aspectos del proceso de la conformación de la voluntad política explican porque se asume un impuesto de dudosa capacidad recaudatoria como el que gravaría los retiros de efectivo de las cuentas bancarias (Tax on cash withdrawal), y que alguien lo busque en Pakistán, que parece ser el único país donde existe, para desembarazarse de sus posibles cargas fiscales y que no se grave ni siquiera de manera parcial la capacidad contributiva que se manifiesta por el patrimonio, a través de la propiedad de múltiples inmuebles. Se pretende gravar el uso de los ingresos   que se han depositado en los bancos para alcanzar sólo aquellos que no pueden ejercer la opción de dejar su dinero fuera de ellos, como los asalariados que les pagan por medio de cuentas bancarias. Con esto se violan principios consagrados en la Constitución de la República como requisitos del régimen tributario, pero un impuesto sólo es bueno y justo cuando lo pagan los otros y desde el punto de vista de los que determinan sobre quienes recaen los impuestos gravar los retiros de efectivo cumple con esos requisitos.