En todos los países del mundo o en casi todos y más cuando tienen un alto nivel de desarrollo, los presidentes o primeros ministros tienen asesores. Pero asesores de verdad, con alto nivel profesional y suficientemente independencia para decir las cosas como deben ser, sin importar el cargo o las consecuencias.
Inclusive rara vez esos dirigentes políticos toman sus decisiones sin antes consultarlo con sus asesores.
Para el sector privado y otros sectores de la vida pública esos asesores son de mucha importancia, porque a través de ellos pueden hacer llegar sus inquietudes y propuestas al más alto nivel, no sin antes tener una opinión de los asesores que puede ser favorable o desfavorable.
Aquí tenemos un récord de asesores del Poder Ejecutivo. Hay asesores para todo. Pero la gran mayoría, apenas pisan el palacio presidencial, excepto para cobrar el cheque.
Y eso sucede porque los nombramientos de asesores son generalmente por razones políticas. No para que el presidente los tenga a su lado ayudándolo en sus tareas más difíciles para no desencadenar una crisis.
Para eso, un presidente necesita sentarse horas a escuchar sus asesores, consultar con sus ministros, reunirlos a ambos con frecuencia y analizar las propuestas que le hacen con tranquilidad y sangre fría.
Pero lamentablemente eso no sucede en República Dominicana. Porque al presidente Medina le interesa más estar en contacto con su pueblo, visitarlo por sorpresa e inaugurar cuantas obras se terminen, aunque sean unas cunetas de un barrio pobre.
¿Puede un ministro de la Presidencia asumir el rol de asesor? De hecho, así sucede en el país, pero ese funcionario nunca tendrá la fuerza necesaria para contradecir al presidente o para convencerlo con evidencia y firmeza sobre la necesidad de adoptar decisiones importantes, aunque haya desacuerdo entre ambos.
En un país presidencialista hasta la tambora, como es el nuestro, los funcionarios son obedientes, evitan la confrontación con su jefe, algunos hasta le dan la razón sin tenerla, por el lambonismo y la mediocridad que impera en las altas esferas del gobierno.
¿Quién puede aconsejar y convencer al presidente de que la reforma fiscal tiene que abordarse sin más dilación? ¿O que el obsoleto Código Laboral hay que revisarlo y modernizarlo? ¿Quién se atreve a sugerirle al mandatario que frene los nombramientos públicos, que reduzca el despilfarro en el gobierno o que sea más estricto y duro con la corrupción en su gobierno?