El caso de los textos integrados es de antología. Pone de manifiesto algo peor que una gran capacidad para improvisar en materias tan delicadas e importantes como la enseñanza. La “integración” fue decidida quién sabe bajo cuáles criterios didácticos, y la consecuencia ha sido que una comisión de expertos designada por el Poder Ejecutivo ha recomendado su retiro, lo que equivale a decir que descalifica estos textos como material didáctico para nuestros estudiantes.

Se supone que una  “integración” de esta envergadura debió ser decisión avalada por estudios  previos de expertos en la materia. Ahora, con la descalificación de los textos queda la duda sobre los procedimientos que condujeron a la integración.  Los textos integrados fueron defendidos con vehemencia por Melanio Paredes, durante su ejercicio como ministro de Educación, pero ahora queda la duda sobre el asidero técnico que pudiera tener  esa defensa.

En otras partes del mundo, ocurrencias como esta habrían tenido alguna consecuencia. En un país organizado es difícil dar pasos tan trascendentales, con un costo económico tan alto, sin que queden claras las responsabilidades sobre las consecuencias buenas o malas de la  decisión. Aquí, en cambio, los textos integrados fueron causa de un gran debate que ha concluido en la descalificación. ¿Quién paga por esto?

La otra cara de la bonanza

La situación de la economía del país tiene anverso y reverso, cara y escudo. Los libros oficiales consignan bonanza, crecimiento y una proyección positiva para el porvenir inmediato. La otra cara de la situación es la acentuada pobreza, las brechas, la inequidad social que está de manifiesto en todos los rincones del territorio nacional. Estas verdades han sido dichas reiteradas veces por organismos internacionales. Ahora las reafirma la Comisión Económica para la América Latina (Cepal).

Según el  estudio “La hora de la igualdad, brechas por cerrar, caminos por abrir”, del citado organismo regional,  la República Dominicana está en el grupo de países de América Latina y el Caribe con mayores problemas de inequidad social,  con  brechas severas de bienestar. La falta de empleo empuja hacia una informalidad desprovista de protección social. Las verdades  descalifican  la calidad de la bonanza económica.