Hoy 
FINANCIAL TIMES
Las industria del tabaco enfrenta el inicio de un juicio trascendental hoy en el cual el gobierno de Estados Unidos sostendrá que las compañías fabricantes de cigarrillos se involucraron en una esquema masivo de 50 años para engañar a los consumidores sobre los efectos dañinos del fumar.
El Departamento de Justicia está tratando de probar que las compañías de tabaco de EEUU defraudaron a los consumidores al financiar investigaciones realizadas por científicos partidarios de las compañías que arrojan dudas sobre las acusaciones de que el cigarro daña la salud, mientras que en privado reconocían los riesgos asociados al fumar.
Los abogados del gobierno también alegarán que las compañías manipularon los niveles de nicotina para mantener la adicción de los fumadores.
Si bien las grandes compañías de tabaco no son desconocedoras de los litigios relacionados con sus productos, este pleito se trae bajo la ley RICO de 1970, contra organizaciones corruptas influidas por comerciantes trapaceros, que se destinó a combatir el crimen organizado.
El gobierno sostiene que los acusados -Philip Morris, R. J Reynolds, Brown & Williamson, Lorillard, Liggett and British American Tobacco- deben aportar US$280 millardos de ganancias mal habidas, una suma suficiente para llevar a la quiebra a la industria.
La industria del tabaco niega toda ilegalidad. También se opone a las restricciones sobre el mercadeo de cigarrillos que busca el gobierno, al decir que reflejan las impuestas por el Master Settlement Agreement (MSA), el arreglo de 1998. Bajo este acuerdo, las compañías tabacaleras acordaron pagar US$264 millardos para ajustar las reclamaciones en 50 estados de EEUU.
Se espera que los abogados del gobierno presenten documentos incriminatorios internos de la compañías que prueban que estas conspiraron con dos grupos de la industria, el Instituto del Tabaco y el Consejo para Investigaciones del Tabaco, para montar una campaña de relaciones públicas destinada a oscurecer el tema de si el fumar afecta la salud. El gobierno dice que las compañías tabacaleras destruyeron documentos para ocultar el fraude aludido.
También alega que las compañías estuvieron de acuerdo en no producir cigarrillos más sanos por temor de que socavaran el criterio de que los cigarrillos corrientes no son peligrosos.
Se espera que la industria del tabaco refute los cargos mediante el argumento de que no hubo esfuerzos concertados para generar dudas en las mentes de los consumidores sobre los efectos dañinos del fumar.
La industria menciona el requisito de que los paquetes de cigarrillos contienen advertencias sobre la salud -vigentes desde 1966, dos años después que el cirujano general de EEUU concluyera que el fumar produce cáncer- como prueba de que no podría haber engañado a los consumidores.
TRADUCCION: IVAN PEREZ CARRION
