La aprobación de la reforma fiscal por las cámaras congresionales y la seguridad dada por el Presidente Leonel Fernández de que no la objetará, eliminan un elemento de incertidumbre en cuanto al curso de compromisos asumidos por el país ante el Fondo Monetario Internacional y otras instancias.

Sin embargo, queda pendiente el déficit que, desde el punto de vista del Gobierno, afectará en más de seis mil millones de pesos los ingresos oficiales, debido a los cambios introducidos al proyecto original por los diputados y preservados por los senadores.

Desde luego, cabe hacer aquí la salvedad de que tanto los ingresos presupuestados en el proyecto original como el «déficit» que argumenta el Gobierno corresponden a estimaciones, a aproximaciones basadas en los montos que generaban al fisco los aranceles a ser desmontados con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA y la comisión cambiaria, que también deberá ser suprimida.

Ni siquiera están previstas otras modificaciones en el comportamiento fiscal que podrían surgir a partir de que el TLC entre en vigencia y por el hecho de que el país deberá acomodar la marcha de su economía a las modalidades y estipulaciones de ese tratado y a los efectos que el mismo producirá. Así, pues, todo reajuste deberá partir del supuesto de que habrá un déficit que cubrir, debido a la modificación del proyecto de reforma fiscal.

-II-

Con esa premisa en mente, lo más conveniente para la economía del país sería promover un ahorro equivalente al monto del déficit de ingresos fiscales que debería provocar la modificación de la reforma fiscal originalmente propuesta por el Poder Ejecutivo.

Ese ahorro debería pretenderse sin eliminar la posibilidad de que el Gobierno busque compensar el déficit aplicando opciones entre las cuales, preferentemente, podría estar la optimización en la recaudación de impuestos con alto índice de evasión, como es el caso del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITEBIS).

Esta fórmula se propone tomando en cuenta que el aumento en los impuestos aplicado por los legisladores a los combustibles, y fundamentalmente al gasoil, tendrá efectos negativos para la economía del país y su capacidad inicial para competir en el escenario que abre el DR-CAFTA.

De manera conjunta, Gobierno y sector privado deberían aunar esfuerzos para explorar medios posibles de atenuar el incremento de costos que determinará la carga fiscal adicionada al gasoil, en un país que depende tanto de la energía eléctrica generada por medios propios.

En cualquier caso, la aprobación de la reforma remueve un obstáculo, un factor de incertidumbre en el cumplimiento de compromisos puntuales que ha asumido el país como parte de su programa de recuperación de la economía. Ahora hay que trabajar con tino para lograr la compensación más adecuada.