Desde que entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana y Centroamérica, con anterioridad a la firma y establecimiento del DR-CAFTA que involucra también a los Estados Unidos, el país ha acumulado un déficit del orden de unos mil doscientos millones de dólares. Las razones son varias.

Una de ellas, son las desventajas comparativas de que en diferentes ocasiones se han quejado industriales dominicanos, debido a los altos costos de electricidad que se pagan en el país en comparación con los mucho más bajos que prevalecen para los centroamericanos, al igual que impuestos más elevados y carencia de los incentivos y subsidios de exportación de que disfrutan los últimos.

Pero ésa es solo una parte de la historia. La cara oculta del problema es la violación de los términos del Tratado por parte de exportadores de Centroamérica y la práctica descarada de una política de dumping en perjuicio de la industria local. El acuerdo de libre comercio establece de manera expresa que quedaran excluidos del mismo todos aquellos productos fabricados en zona franca, o bajo un régimen especial de incentivos los cuales estarán sometidos al pago de los aranceles. Es una norma que rige en ambas direcciones. La razón es evitar la competencia desleal que supondría para el fabricante nacional encontrarse en desventaja frente a un producto similar elaborado en el extranjero, que disfrute de las exenciones impositivas y subsidios de que él no dispone.

Esta norma, que parte del principio de que lo que es igual no es ventaja, se ha estado violando por parte de exportadores centroamericanos cuyas fábricas operan en zonas francas o disfrutan de privilegios e incentivos de que carece la industria nacional, invadiendo el mercado nacional sin liquidar los impuestos aduanales. Debido a ello se estima muy prudencialmente que el fisco dominicano ha perdido una suma no inferior a tres mil millones de pesos, en tanto fabricantes nacionales en diversos rubros que han montado industrias modernas, donde han invertido cientos de millones dólares y que están en capacidad de competir en calidad y precio en un plano de igualdad, ven reducido su mercado por estas importaciones violatorias del Tratado, verdaderos reos de fraude aduanal, con la consiguiente amenaza de cierre y despido de miles de trabajadores dominicanos.

Un amplio y revelador reportaje en este sentido aparece publicado hoy en la leída y bien informada sección Económicas del matutino Hoy, que dirige el experimentado redactor Mario Méndez. Enterarse de su contenido explica en buena medida la razón del cuantioso déficit comercial acumulado con Centroamérica, al que se suma las cuantiosas cantidades que el Gobierno dominicano ha dejado de percibir por la evasión del pago de aranceles y en consecuencia, la necesidad imperiosa de poner fin a estas prácticas ilegales y desleales.

La situación presenta ahora afortunadamente un giro favorable. Esto así, en tanto las autoridades nacionales se han puesto las pilas para corregir esta situación legal, desleal y anómala que lesiona al sector industrial, al sector laboral y al propio Estado. En la Dirección General de Aduanas, su incumbente Rafael Camilo, ha adoptado una firme postura orientada a aplicar el arancel a todos los productos importados que viola en el Tratado, es decir que sean fabricados en zona franca o bajo régimen de incentivos y subsidios. Al hacerlo así estará ingresando cuantiosos recursos en las necesitadas arcas públicas al tiempo de garantizar el cumplimiento del Tratado y que la libre competencia pueda desenvolverse dentro de un saludable y obligado marco de igualdad.

Sin embargo, hay que estar alertas. Se rumora que en la sombra se han comenzado a mover intereses ocultos para tratar de obstaculizar la aplicación de la justa medida. Es preciso hacer frente a estas maniobras. El interés del país está de por medio y debe ser defendido y preservado por encima de cualquier interés particular. Es de esperar que así lo hagan el Gobierno y las diferentes instituciones que dicen representar a la industria nacional.