Año tras año, los productores de cebolla y habichuela enfrentan la situación de que la importación de esos renglones colma los mercados y les lleva a la ruina. Las importaciones son a veces furtivas, pero en otras oportunidades autorizadas oficialmente quién sabe en base a cuáles argumentos. Hay gente que hace fortuna con este negocio, mientras arruina a los productores locales. Las autoridades generalmente afirman que no han autorizado importaciones, pero el mercado dice otra cosa. Cuando los cosecheros dominicanos vienen a darse cuenta, ya el mercado está colmado de productos importados que compiten con sus iguales de origen local.

Por esa razón, productores de habichuela y cebolla protestaron recientemente ante el Congreso. Por esa causa se les oye quejar año tras año y a las autoridades negar que hayan autorizado importaciones. Se trata de un caso de competencia desleal aberrante que, innegablemente, debe tener algún grado de complicidad con autoridades que autorizan las importaciones o permiten que ingresen al país productos que van a competir con los nuestros en nuestro propio mercado. Una cosa es que, en virtud de tratados comerciales, se abran nuestros mercados  para  renglones que se producen aquí, y otra muy distinta es que se fomente esta competencia desleal que cada año arruina a nuestros productores.

Vocación por el retroceso

Un principio jurídico establece que los procesos judiciales son orales, públicos y contradictorios. Pretender darle a los procesos un carácter secreto chocaría de frente con ese precepto y atentaría contra el derecho y la necesidad que tienen los ciudadanos y sus organizaciones de mantenerse enterados de este tipo de ocurrencia. El establecimiento de este principio jurídico ha estado inspirado en la necesidad de darle a la administración de justicia el mayor grado posible de transparencia.

Por eso no se entiende que la Asamblea Revisora haya acogido un proyecto que tiene una auténtica vocación de retroceso, basándose en conveniencias que de ningún modo superarían la importancia de la libertad de información. Desmontar el carácter oral, público y contradictorio de los juicios sería un grave atentado contra la transparencia de la justicia y la libertad de información. Esperamos que el buen juicio permita rectificar semejante barbaridad.