POR GERMAN MARTE
La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y el movimiento cívico Participación Ciudadana saludaron ayer la promulgación del denominado decreto puente que regula las compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones del Estado, tras considerar que la medida constituye un paso trascendental en la lucha contra la corrupción pública.

En declaraciones por separado, ambas entidades afirmaron que el decreto, emitido el jueves por el presidente Leonel Fernández, contribuye a la adopción y aplicación de mejores estándares de transparencia a la hora del Estado contratar bienes y servicios, siendo una señal positiva del Poder Ejecutivo para erradicar las prácticas corruptas de la administración pública.

Sin embargo, Paulo Herrera Maluf, coordinador de Participación Ciudadana, advirtió que el decreto tiene limitaciones en cuanto a una serie de temas que se dejan fuera.

Asimismo, consideró que la fecha de entrada en vigencia del decreto debió ser más próxima y no el primero de junio como estableció el Presidente.

“Nosotros hubiéramos querido que la entrada en vigencia hubiese sido, si no inmediata, por lo menos, mucho más cercana que el primero de junio”, manifestó Herrera Maluf.

No obstante, dijo que Participación Ciudadana estará muy vigilante sobre la aplicación del decreto para que de verdad se traduzca en una mayor transparencia, ya que el mismo no tiene un efecto automático.

Herrera Maluf indicó que si bien el decreto en sí es un paso de avance, en lo adelante habrá que empujar la ley definitiva sobre la materia, pues “tampoco el Congreso demostró tener una voluntad explícita de lucha contra la corrupción”.  Entretanto, Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de Finjus, expresó que la iniciativa del Presidente viene a llenar transitoriamente el vacío de no contar con una ley que regule adecuadamente lo relativo a las compras y contrataciones de bienes, obras y servicios del Estado.

Castaños Guzmán expresó que el factor determinante en la adecuación del sistema de contrataciones públicas lo constituye la erradicación del grado a grado como práctica dañina que propicia el clientelismo y la corrupción, para establecer el concurso público como la regla para todas las actividades de compra y contratación de obras, excluyendo la discrecionalidad en esta materia.

Destacó que el decreto-puente fue elaborado en el marco de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción y enriquecido con aportes de las organizaciones de la sociedad civil y otras entidades gubernamentales.

“El decreto-puente es la repuesta más idónea para enfrentar los retos inmediatos de la integración comercial y en específico del Tratado de Libre Comercio con América Central y Estados Unidos, al promover la libre competencia entre los oferentes del Estado, tanto nacionales como extranjeros”, expresó el vocero de Finjus.

Agregó que la medida presidencial sienta las bases para que la transparencia sea la norma en las relaciones entre el Estado y el sector privado en compras y contrataciones.

Sostuvo que la emisión del decreto abre en todas las instituciones públicas un conjunto de tareas para su efectiva aplicación, como son la creación de un catálogo de proveedores de bienes de uso frecuente, la capacitación de los responsables de su aplicación y manejo de registros y administración de contratos.

Al expresar su beneplácito ante la emisión del  decreto-puente, Castaños Guzmán consideró que el mensaje que este reglamento deja en todos los funcionarios del gobierno es que la transparencia es un valor y una obligación de ejecución inmediata y que, por lo tanto, no hay espacio para continuar enriqueciéndose al amparo de privilegios, favoritismo, o amiguismo.