La expansión horizontal de la capital dominicana, que se produce con mayor velocidad a partir de la década del 70 del pasado siglo, acarreó enormes deficiencias de servicios a la población.

El afán de riqueza de urbanistas y constructores, y el descuido de las autoridades encargadas de aplicar la ley, acentuaron esas carencias.

Se construyeron proyectos habitacionales sin la provisión de todas las facilidades requeridas, en unos casos, y reducidos espacios, en otros.

Ese crecimiento sin estricta regulación fue, al propio tiempo, aumentando la demanda de agua potable, energía eléctrica y servicios sanitarios, como era lógico esperar.

En barrios y urbanizaciones se hizo necesario dotar viviendas y edificios de cisternas, para el almacenamiento del agua. En principio, hubo resistencia de las autoridades a permitir ese tipo de facilidad, pero con el tiempo las cisternas se hicieron imprescindibles en los hogares.

Como en este país vivimos improvisando, en todos los órdenes, cualquier día a un funcionario se le ocurre cerrar ‘válvulas’ o líneas de conducción del agua, y ahí mismo comienza la agonía de la indefensa población.

Almacenar agua se ha hecho una costumbre en cualquier ciudad, demarcación o barriada.

Y es que un recurso tan importante para la vida diaria, no puede estar a expensas del capricho de un organismo público que, por demás adopta las decisiones cuando la población tiene el problema encima.

Una ciudad no puede vivir un solo día sin agua.

¡Cuánto nos encanta complicar la vida a los demás!