Como a principios del siglo XX cuando los campesinos perdían sus tierras comuneras ante falsos dueños que fraudulentamente las titulaban, durante toda esa centuria y años siguientes la falsificación de bienes inmuebles continuó apoderándose de miles y miles de tareas de terrenos baldíos o en producción, de inmensas propiedades privadas y estatales, de codiciados predios en zonas turísticas y áreas protegidas.

Como en aquellos tiempos del despojo cuando los campesinos carecían del “numerario”, el dinero que permitía la titulación, la emisión de títulos de propiedad falsificados la siguió posibilitando el soborno, los abusos de poder con los que el tirano Rafael L. Trujillo se adueñaba de cuanta tierra deseara, desalojando a sus verdaderos dueños.

Después, a partir de los años 60, la falsificación de documentos de propiedad para validar la venta de inmuebles con títulos falsos ha perjudicado a grandes y pequeños propietarios en toda la geografía dominicana. El robo de tierras se convirtió en grave problema de repercusión en la economía personal y nacional.

Drenan patrimonio. Desde entonces, el patrimonio estatal ha sido cercenado con la falsificación de títulos de propiedad.

No cesan las invasiones de terrenos, la venta irregular, la apropiación de tierras del Estado en áreas rurales y urbanas, vastas zonas como las antiguas tierras del Consejo Estatal del Azúcar.

Usurpación, botín de generales balagueristas, compra de lealtades con falsas ventas, enmascaradas por la legalidad congresional, que por sumas irrisorias se efectuaron tras la privatización con la que el peledeísmo dejó en desamparo a los trabajadores cañeros.

En los últimos decenios se repiten los conflictos inmobiliarios, las historias de falsificación. Una y otra vez resuenan escándalos de documentos adulterados o sustraídos para apoderarse de inmuebles.

Fraudes colosales en los que mafias organizadas de abogados que operan en el negocio de bienes raíces se confabularon con algunos jueces y funcionarios venales de la Jurisdicción Inmobiliaria que dieron visos de legalidad a documentos sin los que no podían ser inscritos en los registros públicos. Extraen y adulteran documentos de expedientes para favorecer o perjudicar a alguien en una litis judicial.

Funcionarios y empleados han dado apoyo logístico a toda la estructura de falsificadores, abogados notarios en complicidad con militares y policías que han estafado a dominicanos y extranjeros con inmuebles millonarios.

La indefinición de la propiedad inmobiliaria y desconfianza en las garantías jurídicas poco varían desde que en septiembre de 2012 la Junta Agroempresarial Dominicana cifrara en 50% la tierra sin títulos de propiedad en el país.

Señalamiento previo a la designación por decreto, en noviembre de ese año, de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, encargada de trazar un plan integral para la titulación masiva de inmuebles, en especial los destinados por el Estado a proyectos de reforma agraria y de vivienda. Responsable, además, de coordinar esfuerzos con el Poder Judicial para fortalecer la capacidad operativa y de gestión de los órganos de la Jurisdicción Inmobiliaria y velar, conjuntamente con las entidades estatales responsables, por la pronta actualización del Catastro de Inmuebles del Estado.

Recientemente, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) citó una serie de deficiencias que atentan contra la seguridad jurídica, que de persistir expondrían al país a que en menos de dos años colapse el sistema judicial inmobiliario.

En tanto, nuevas denuncias de expedientes contaminados por la corrupción se suman al flujo continuo de litis judiciales sobre falseamiento de títulos de propiedad de inmuebles, que se acumulan por la lentitud en los deslindes y procesos en los tribunales. Conseguir una sentencia de un Tribunal de Tierra implica esperar años y años.

Demandantes alegan ser víctimas de mafias que en base a títulos fraudulentos los despojaron de sus inmuebles, inclusive un caso reciente de tierras dos y tres veces invadidas por presuntos dueños, entre ellos oficiales policiales.

Falsifican identidad. Una de las modalidades de operación de esas bandas ha sido a través de la falsificación de documentos de identidad, que usurpan de personas fallecidas cuyos herederos no hacen la determinación o deslinde del terreno.

Utilizan la cédula o el pasaporte del fallecido a cuyo nombre está la titularidad, reclaman el inmueble como si fuera su legítimo dueño y lo venden. Entre los compradores hay extranjeros que vienen tras atractivas ofertas de terrenos en zonas playeras.

Las áreas más afectadas son las zonas turísticas, predominantemente en la región Este, sobre todo la provincia La Altagracia, la que junto al Distrito Nacional concentra más del 80% de las tierras falsificadas. Higüey, bautizada “meca” del fraude inmobiliario, ocupa el primer lugar, con más del 50% del total.

En la zona han hecho deslindes sobre deslindes, saneamientos sobre saneamientos. Funcionarios dicen ignorar cómo hacen esas nuevas designaciones catastrales en la misma parcela. Solo en una había un área con quince “propietarios” disputándose su posesión. Mas, los agrimensores se las ingenian para modificar los deslindes en terrenos ubicados en áreas turísticas, afectadas por la falsificación.

Atrae el alto precio de las tierras costeras, como en Samaná, Puerto Plata, Pedernales y costas de Barahona. Conflictos inmobiliarios se suscitan también en San Francisco y San Pedro de Macorís, Santiago, El Seibo, Baní, San Cristóbal y Monseñor Nouel y Nagua, entre otras.

Sometimientos judiciales. Los fraudes inmobiliarios han motivado cancelaciones y sometimientos judiciales de funcionarios y empleados de la Jurisdicción Inmobiliaria, de abogados sorprendidos falsificando títulos de propiedad.

Además, suspensión de jueces y cancelación de exequátur de abogados.

Notarios han sido acusados de firmar actos de venta de inmuebles millonarios, en los que aparecían rubricando personas fallecidas. Inclusive, de montar su “fábrica de falsificaciones” en la vecindad del Tribunal Superior de Tierras, donde un jurista aliado legalizaba los actos.

La osadía de algunos abogados los indujo a falsificar firmas de notarios, sustraer información pública, decretos del Ejecutivo, documentos de entidades estatales como la Administración de Bienes Nacionales, Banco Nacional de la Vivienda y Dirección de Impuestos Internos (DGII).

Al advertir la emisión de certificados de títulos de propiedad falsos, la Procuraduría Fiscal de la provincia Duarte denunció en 2012 la falsificación de la firma de la Registradora de Títulos de esa jurisdicción.

Una infracción similar ocurrió el año anterior con la firma del Director del Catastro Nacional en un expediente para pagar menos impuestos por la negociación un inmueble en Puerto Plata. Al constatarlo, la DGII le devolvió el expediente.

Aunque desmantelaron redes y establecieron controles, la falsificación inmobiliaria sigue latente. Amerita un freno urgente junto a otras debilidades del sistema inmobiliario para evitar el colapso advertido por la Finjus.

1. Promesa presidencial.
La intención es buena, pero la mies era mucha y pocos los obreros, retrasando el trabajo la lentitud y lenidad de algunos jueces, funcionarios y empleados de la Jurisdicción Inmobiliaria. Al rendir cuentas el 27 de febrero de 2013, el presidente Danilo Medina prometió titular, a través de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, 7 mil predios agropecuarios y viviendas sociales antes de finalizar el primer semestre de 2013, y 15 mil títulos adicionales a fines de ese año. Afirmó que al concluir su Gobierno habrán titulado a los ocupantes más de 150 mil inmuebles urbanos y rurales del Estado.

2. Largo y complejo.
A raíz del discurso presidencial, expertos advirtieron que es muy difícil que la Jurisdicción Inmobiliaria cumpla la meta de titulación con los esquemas actuales, el personal que posee y los recursos otorgados en el Presupuesto. Dijeron que el proceso es largo y complejo, y mucho el trabajo pendiente.

3. Localización de terrenos.
En abril de 2013, Bienes Nacionales y el Catastro iniciaron un operativo para localizar terrenos del Estado ocupados en Los Alcarrizos y Los Frailes, el cual seguirá en otras zonas con problemas de titulación. Inspectores y técnicos identifican a los ocupantes y determinan las condiciones de los solares en esas demarcaciones. Al momento, el Estado tenía un millón 100 mil tareas sin titular, en su mayoría en zonas urbanas. Y un mínimo del 40% de la población que vive en terrenos estatales poseía título de propiedad.

4. Vence plazo.
El director de la Comisión de Titulación, José Dantés, dijo el 30 de julio de 2013 que con el plan masivo de titulación identificaron gran cantidad de casos a ser tramitados a la Jurisdicción Inmobiliaria, y que había avanzado la titulación de terrenos y viviendas estatales. Pero a la fecha no se cumplió la meta para fines de 2013.

5. Advierte colapso.
El vicepresidente de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, dijo que la larga duración de los procesos de deslinde, mora judicial, debilidad en estadísticas de procesos técnicos y judiciales, vacíos legales y técnicos en sectores de la Dirección General de Mensuras Catastrales, y actuaciones indebidas en algunos sectores del sistema, como los agrimensores.

6. Medidas.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, dijo en junio pasado que entre las acciones diseñadas para el cumplimiento al Plan de Titulación Nacional, el Poder Judicial tomó medidas que impactan los procesos que lleva a cabo la Jurisdicción Inmobiliaria. Designaron cien personas para trabajar en el plan, asignadas a Mensura Catastral, Registros Títulos, Tribunales Tierra y Administración General de la Jurisdicción Inmobiliaria.