Servio Tulio Castaños Guzmán, Vicepresidente Ejecutivo de Finjus, volvió a insistir ayer en la necesidad de que se apruebe la Ley de Extinción de Dominio, pues se constituirá en un freno para el poder económico de la corrupción administrativa y el crimen organizado en la República Dominicana.

Pero advirtió que la pieza tiene que garantizar que no será utilizada por ningún sector como instrumento de persecución política contra opositores y advesarios, precisamente uno de los argumentos que por lo bajo han esgrimido las fuerzas que en el Congreso Nacional han obstaculizado su aprobación.

Desde luego, se trata de un argumento demasiado débil y, por lo tanto, no debería ser lo que impida que podamos contar con una legislación que se nos ha vendido como la panacea para enfrentar la corrupción, golpearla donde más duele, ya que permitirá recuperar los bienes y riquezas que los funcionarios corruptos le han robado al Estado y al pueblo dominicano.

Y no hace falta ir muy lejos, ni tener mucha imaginación, para conocer las razones por las cuales espera por su aprobación desde el 2010, pues la corrupción, para nuestra desgracia, siempre ha tenido muchos aliados desde que este país empezó a merecer ese nombre.

El Gobierno del Cambio, con mayoría en ambas cámaras legislativas, tiene la posibilidad de conseguir que se superen todos los escollos (los falsos y los verdaderos) que han impedido que el Congreso Nacional apruebe la Ley de Extinción de Dominio, poniéndole fin a una espera demasiado larga que puede explicarse y entenderse con una sola palabra: complicidad.