Como nadie puede, aunque quisiera, devolverle la vida a los choferes vilmente asesinados para despojarlos de sus vehículos, y ya identificados y apresados los autores materiales de esas muertes, las autoridades deben concentrarse   en perseguir y apresar a los responsables de vender por trasmano esos autobuses, cuyo destino final fue Haití, donde son muy demandados y nadie hace preguntas sobre su origen o procedencia. Ayer, precisamente, hubo buenas noticias  en ese sentido, pues las autoridades que investigan el caso informaron  del apresamiento  en Elías Piña de  Divaris Adames Lorenzo, al que  acusan de comprar los autobuses robados, por los que pagaba entre 60 y 65   mil pesos cada uno, y será cuestión de  horas para que sea trasladado  a San Pedro de Macorís, donde le hará compañía a otras  siete personas a las que se investiga  para determinar su vinculación  directa con los hechos. Desde luego,  ahí  no pueden detenerse las pesquisas, pues también es preciso determinar de qué manera, y con la complicidad de quién, pasaban esos autobuses por la frontera. Porque no se crean ustedes, mis queridos lectores, que los autobuses arrebatados a esos choferes han sido  los únicos que han cruzado, como Pedro por su casa, hacia aquel lado. El último boletín del Observatorio  de Seguridad Ciudadana señala que en los primeros tres meses de este año se ha reportado el robo de 227 vehículos, en su mayoría perpetrados ejerciendo algún tipo de violencia, incluido  el asesinato, contra sus propietarios. Y agrega que el 80% de esos vehículos, entre los que figuran, además de autobuses, carros, camionetas y yipetas, son cruzados hacia el vecino Haití. ¿Cómo los pasan?  ¿Quién está protegiendo  ese  trasiego? Porque sean quienes sean, y sin importar la influencia política o el rango que tengan, esa gente debe saber que al igual que los asesinos de esos cuatro choferes tienen también las manos manchadas de sangre.