Cuando se revisan los expedientes sobre casos de corrupción pública que son procesados en la justicia, en este período o en cualquier otro, siempre salen a flote las complicidades entre los miembros del partido gobernante, el nepotismo, y un modelo de hacer política basado en el enriquecimiento ilícito a futuro.

Lo que supone que son acciones pensadas y planificadas con antelación, y que solo esperan el golpe de suerte del triunfo electoral del partido en el que se hace la apuesta, porque para muchos contribuir económicamente con un partido es una inversión a la que se le puede sacar grandes beneficios.

Por eso cabe preguntarse si los partidos políticos dominicanos tienen, o alguna vez han tenido, el verdadero propósito de luchar contra la corrupción de forma tal que, aunque no desaparezca porque es prácticamente imposible, por lo menos se reduzca a niveles que den más decencia a la administración pública.

La respuesta podría ser un no rotundo, pero hay que dejarles espacio a las excepciones, a quienes sí creen que hacer política es un servicio, y no una tómbola con boletos premiados.

De manera que si las organizaciones políticas mantienen o alimentan la cultura del saqueo rampante, que luego se traduce en mafias organizadas que se apropian con facilidad de los recursos públicos, la lucha contra la corrupción seguirá siendo un anhelo inalcanzable, por más estructuras judiciales que se diseñen y por más convenios internacionales que se firmen.

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Los tribunales conocen tres expedientes en los que el Ministerio Público atribuye cargos por corrupción a exfuncionarios del gobierno del expresidente Danilo Medina, quienes habrían desfalcado al Estado dominicano con operaciones fraudulentas.

Se trata de los casos Operación Pulpo, Operación Coral y Operación Medusa.

A estos se añaden el presunto desfalco en la Lotería Nacional que se habría cometido en esta gestión del presidente Luis Abinader, así como la apertura de una investigación sobre supuestas irregularidades cometidas en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, en el proceso de adjudicación de contratos para la compra de raciones alimenticias del almuerzo escolar y su distribución en las escuelas en el año docente 2021-2022.

Esas dos caras de la moneda evidencian que, si no se le pone un cerco a la codicia dentro y alrededor de los partidos, si la lucha contra la corrupción se mantiene como un discurso al que se le saca provecho electoral, los dominicanos seguirán siendo aburridos espectadores de los casos de corrupción que se procesen judicialmente.