La falta de oportunidades para que los jóvenes puedan insertarse en los medios de producción se ha convertido en un problema angustioso en los pueblos de América Latina. El desempleo entre la gente de edad temprana se ha agravado con la crisis financiera mundial y cada vez hay menos alternativas laborales en la economía formal. Paralelamente, el tráfico de drogas en todas sus gradaciones  ha enquistado en estos pueblos un “mercado laboral” con una oferta cada vez más abundante, con tarifas de “remuneración” que en términos cuantitativos compiten ventajosamente con el mercado laboral de la economía formal, legal y deseable.

Nuestro país está en el itinerario predilecto del tráfico de drogas. Ascendimos de “puente” a “mercado” con demanda propia. El activismo de este negocio se constata por vías diversas, inclusive los frecuentes golpes que asesta la DNCD. Muchos de nuestros jóvenes se han dejado reclutar por ese mercado por la falta de oportunidades en el mercado formal. Están muy activos los elementos de una bomba social de un poder incalculable. El incremento de los crímenes y delitos está asociado a esta “alternativa” cada vez más presente y evidente. Tenemos que desactivar la bomba social, creando oportunidades para que nuestros jóvenes se inserten a la vida productiva o puedan desarrollar proyectos  de autogestión.

Respaldo a un justo reclamo

El Gobierno dominicano ha hecho muy bien en solicitar a la Iglesia Católica de España que intervenga para detener la campaña internacional de  descrédito que lleva a cabo el padre Christopher Hartley Sartorius contra el Estado dominicano. El reclamo es más que justo porque en la República Dominicana no existe, como política de Estado, el maltrato contra los haitianos que vienen al país legalmente a trabajar.

No se puede pretender, como pretende Hartley Sartorius, que se condene al Estado dominicano por un caso aislado de tratamiento supuestamente inhumano contra trabajadores haitianos. El número de haitianos que llega al país a trabajar en agricultura y construcción es cada vez más grande. Esos trabajadores están amparados por las leyes laborales dominicanas y mantienen a sus familias en Haití a través de sus remesas desde este país, pero el sacerdote ha preferido pasar por alto esta realidad. Hay que detener esa infamia.