Un grupo de extranjeros propietarios de residencias en Playa Bonita, del municipio de Las Terrenas, en Samaná, acusó al viceministro de Medio Ambiente Ernesto Reyna de favorecer a una constructora por encima de disposiciones tomadas por el procurador adjunto y el director de Medio Ambiente de esa provincia, que ordenaron la demolición de una villa que afecta sus propiedades.

A través de su abogado, Rafael Nina, dijeron que Reyna no tiene calidad para afirmar que su firma es falseada por promotores turísticos, cuando él mismo ha estado violentando la ley ambiental.

Nina mostró copias de las órdenes de paralización y demolición emitidas por las autoridades provinciales en junio del pasado año, pero que cuando iban a ser ejecutadas llegó vía fax una comunicación con fecha atrasada de que el proyecto no necesitaba estudio ambiental.

Señaló que con la obra llamada Residencia Alix, unas 11 viviendas de ciudadanos estadounidenses pierden la vista al mar, lo que quita valor a sus propiedades que fueron adquiridas en base a esa característica del lugar.

Nina, quien fue consultor jurídico del Ayuntamiento del Distrito Nacional y fiscal adjunto en Santo Domingo, dijo que los afectados consideran que en el país no hay garantía para la inversión extranjera, puesto que las propias autoridades infringen la ley.

El caso fue llevado ante el procurador general de Medio Ambiente, Andrés Chalas, y ante un tribunal en marzo y aún no hay respuesta, mientras el conflicto se mantiene.