Para utilizar de la manera más  rentable y transparente el dinero de los contribuyentes, el Gobierno está en el deber de regir las compras de todas sus dependencias por medio de  normas que permitan obtener las mejores ofertas, al mejor precio y de la mejor calidad. Las compras mediante concurso transparente deben ser un rigor ineludible, pues son la única vía de lograr el mayor provecho del dinero invertido. Un ejemplo del alto beneficio de las compras por concurso  lo ha estado dando el Programa de Medicamentos Esenciales (Promese) a través de su Central de Apoyo Logístico (CAL) en la adquisición de fármacos y material gastable y otros productos para los centros de salud del Estado.

Durante el 2007, las compras del Promese permitieron que el Gobierno ahorrara cientos de millones de pesos en la adquisición de fármacos y materiales de la mejor calidad y a precios razonables. Aparte del sustancial ahorro, la competencia estimula en los productores innovaciones en materia de oferta y mayor celo en la calidad de los productos. Partiendo del ejemplo de Promese, el Gobierno debería trabajar para obligar a todas sus dependencias a transparentar sus compras por medio de concursos que permitan seleccionar a los mejores suplidores. Es necesario que lleguemos  a un punto en que las compras de grado a grado solo puedan hacerse como inevitable y justificada excepción.

Disputa entre lo dicho y lo hecho

Uno de los puntales sociales de la política económica oficial es garantizarle a la población  seguridad alimentaría.  Este propósito fue materia de un discurso que pronunciara el Presidente Leonel Fernández en momentos en que los precios de los alimentos y el petróleo alcanzaron sus mayores alzas, a mediados de este año. Se adoptaron con esos fines medidas como la facilitación de una cartera de financiación más abundante y accesible para los productores agropecuarios.

Pero los hechos han venido a contradecir lo dicho, pues el  Gobierno, en vez de contribuir a alivianar la situación de los productores, lo que está haciendo es acumular cuantiosas deudas que agravan la iliquidez en el campo. No parece haber justificación alguna para la acumulación de deudas con los productores que se aproximan a los mil millones de pesos. Esta conducta lleva incertidumbre al campo y atenta contra la seguridad alimentaría  prometida.