La Dirección de Compras y Contrataciones Carlos Pimentel, depositó este martes ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (PEPCA), tres expedientes relacionados a presuntas irregularidades en procesos de compras del Plan de Asistencia Social de la Presidencia y del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI).

El titular de la Dirección General de Contrataciones. Carlos Pimentel, no reveló los nombres de los suplidores, que, según él, aliados a funcionarios violentaban la ley de Contrataciones Públicas para sacar beneficios particulares.

Pimentel entregó la documentación al titular de la PEPCA, Wilson Camacho, donde establece que desde el 2019 se ha identificado una “recurrencia sospechosa” en los procesos de compras y contrataciones del Plan Social, que “otorgaba adjudicaciones millonarias a compañías que fungían como intermediarias”.

Sostuvo que estas acciones se traducen en un mayor gasto para la entidad contratante y que “su única explicación son vínculos o acuerdos entre funcionarios y proveedores del Estado”.

Respecto a los dos expedientes sobre el INAIPI uno de ellos refiere que en el 2016 esa institución “incurrió en violaciones a la ley 340-06, de Compras y Contrataciones, a través de procedimientos de urgencia de los cuales no se tiene evidencia y que le costaron al Estado unos RD$208.05 millones”.

Según una auditoría practicada por la Cámara de Cuentas, estos pagos se hicieron por concepto de equipos computacionales y de comunicaciones, materiales, suministros, aparatos audiovisuales, obras de infraestructura y mobiliarios.

El segundo expediente del INAIPI está relacionado con “irregularidades” detectadas en un proceso de contratación del 2018 que estaba destinado al suministro y distribución de leche a los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) y Centros de Atención a la Familia y a la Infancia (Cafi) a nivel nacional.

Compras y Contrataciones aseguró que el INAIPI “adjudicó ilegalmente contratos millonarios a compañías vinculadas entre sí por montos que superan los RD$60 millones, con el argumento de que había sido un proceso transparente en el que las empresas cumplieron con los requisitos”.