L a afirmación del catedrático español Francisco Martínez Sánchez, que pu blicáramos en primera plana en nuestra edición de ayer, en el sentido de que es social y no digital la brecha que existe en los pueblos en desarrollo, es una realidad cuya contundencia ha sido palpada desde las más altas jerarquías del poder político de nuestro país.

Ha sido el vicepresidente de la República y jefe del Gabinete Social quien, sin proponérselo, ha confirmado la naturaleza de esa brecha, al revelar que un censo hecho en 600,000 hogares (serían aproximadamente dos millones y medio de personas) se comprobó que entre un 20% y un 30% de personas adultas carecen de actas de nacimiento y, por tanto, de cédulas.

Lo peor es que la falta de documentación en tal magnitud ha sido comprobada indistintamente en zonas capitalinas como en apartadas zonas rurales. Hay, según las mismas comprobaciones, al menos 92,000 jefes de hogares afectados por esa situación.

Es decir, se trata de personas que «están», que figuran como habitantes para fines de censo, pero que en términos jurídicos no «son» ciudadanos con todas las de la ley.

La indocumentación es un parámetro de la marginalidad social más descarnada que puede existir en la era cibernética, en el mundo digitalizado y globalizado. Es la brecha más grande que puede haber entre los habitantes de un país pequeño como el nuestro, pero que se ufana de tener un lugar cimero en el crecimiento de sus comunicaciones digitales.

Una comprobación bastante convincente de que la brecha es social y no digital estriba en que mientras es pasmosa la facilidad con que el progreso digital del país facilita a la mayoría de esos indocumentados un acceso a avances como la telecomunicación digital, en cambio le pone trabas insalvables que le impiden acceso al derecho de una identificación, una forma de «ser» con todas las de la ley.

La brecha es social, sin duda alguna.

Provocación

Una actitud de mayúscula insensatez y de profundo desprecio por la voluntad popular pretende conducir a Haití a una segunda vuelta electoral que no permite buenos augurios.

Con unos resultados electorales difíciles de revertir, que benefician al candidato René Preval, y a pesar de la enorme brecha que le separa de su más cercano contendor, hay quienes pretenden desconocer la decisión expresada en las urnas con insospechado civilismo por el pueblo haitiano.

Hay indicios, fuertes sospechas, de que fuerzas extraterritoriales han estado tratando de manipular los resultados de las votaciones, en perjuicio de la voluntad popular. Se ha revelado la contratación de servicios para hacer desaparecer urnas llenas de votos, poco después de finalizadas las votaciones.

Sin duda, en Haití alguien está jugando con fuego sentado sobre un barril de pólvora. Justo y sensato sería deponer esta provocación.