El Congreso Nacional, que en los hechos debería resultar el primer poder del Estado, está en deuda con reclamos de la sociedad. Su accionar, demasiado fiel a designios del sector político oficial, está contribuyendo a la permanencia del centralismo presidencial, lo que equivale a retardar los firmes pasos que en la República deben dirigirse a fortalecer la institucionalidad y a lograr que las leyes y actuaciones del Estado queden libres de las mediatizaciones que convienen a individualidades e intereses de litorales de la política o de otra índole. El incumplimiento de metas legislativas fundamentales para la consolidación de la democracia y el respeto a los derechos de la mujer (entre otros asuntos pendientes) se enlaza de modo patente a criterios sectarios y de vacilación y a dogmatismos religiosos que buscan imponerse a otros puntos de vista legítimos y realistas.

El Poder Legislativo debe acercarse más a su fin primordial de contraponerse con claridad de visión y decisiones soberanas al ejercicio ejecutivo del Estado, no con ánimo de frustrar iniciativas identificadas con los intereses de la nación sino para procurar la excelencia y la equidad de las normativas que rijan al país. El contenido de las memorias anuales del tren administrativo con su mando supremo, y otras rendiciones de cuenta sobre ejercicios públicos, pasan sin pena ni gloria por los salones del Congreso en expresión de hegemonía.

Riesgo de mayor desprotección

El sector laboral dominicano carece de mecanismos de compensación contra dos situaciones forzosas muy comunes: la pérdida del empleo y la inevitable salida de la vida productiva. No existe una institución que cubra por un tiempo las necesidades perentorias de quien queda cesante en lo que logra una nueva ocupación; y el régimen de pensiones vigente está pronosticado para defraudar a sus afiliados, expuestos a pasar más hambre que cuando estaban activos.
Los empleadores que propugnan por la supresión de la cesantía deberían medir las consecuencias de lo que sería un despojo puro y simple de un derecho adquirido. Una exclusión que alejaría al servidor de participar en los beneficios que generan a patronos que tienen que acogerse ya a la realidad presente de que el capital tiene obligaciones sociales.