La Procuraduría General de la República se apresta a poner en manos del  Presidente Leonel Fernández un instrumento que ha denominado Plan Estratégico de Política Criminal, cuya finalidad es mejorar las condiciones de seguridad ciudadana, que en estos tiempos ha sido erosionada por la criminalidad.

De principio nos identificamos con este plan, habida cuenta de que el mismo no sólo traza pautas en materia de represión, sino que también contiene aspectos interesantes en materia de regeneración de personas que hayan delinquido y de establecer condiciones adecuadas para la privación de la libertad.

Más que identificarnos con estos planteamientos, nos permitimos llamar a todos los sectores de nuestra sociedad a involucrarse en su puesta en práctica y su éxito, en el entendido de que la seguridad ciudadana es una materia que nos atañe a todos, del mismo modo que nos afecta a todos el auge de la delincuencia, la criminalidad y la corrupción.

-II-

Un compromiso de los grupos de esta sociedad debería ser el de asumir ante estas propuestas de la Procuraduría General de la República una actitud constructiva, de manera que los reparos que haya que hacerle a partes o el todo sean para mejorar estrumento que tanta falta nos hace en estos tiempos.

Nosotros, como medio de comunicación profundamente preocupado por esta patología social, que nos identificamos en gran medida con los esfuerzos por contener la criminalidad, consideramos que debe modificarse el método de las redadas en barrios populosos, pues sus beneficios son realmente muy bajos en comparación con su costo y las molestias que se ocasiona a ciudadanos honestos.

Abogamos porque en este plan que se presenta estén contenidas alternativas de inteligencia que permitan operaciones más efectivas y certeras en cuanto a los blancos perseguidos, con el menor índice de molestias para quienes no tienen cuentas pendientes con la ley.

-III-

Nuestra aspiración es que este Plan Estratégico de Política Criminal que hoy se pone en manos del Presidente de la República se constituya en un instrumento que nos comprometa a todos en la tarea de hacerlo valer y mejorarlo constantemente, para que podamos contar con un régimen de amplia seguridad ciudadana.

Desde luego, todavía se precisan ajustes en enclaves estratégicos de la Justicia, como sería establecer un régimen de verdadera autonomía del Ministerio Público para que su actual dependencia del Poder Ejecutivo no represente un factor de influencia en la valoración de sus acciones. También nos falta mejorar mucho el ejercicio de los jueces.

El paso de hoy, no cabe duda, será trascendental en la medida que nos involucremos en su aplicación y éxito.