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RAMÓN NÚÑEZ RAMÍREZ
A pesar de que la primera revisión del programa Stand-By con el FMI se realizara en junio, en este mes de marzo el gobierno deberá cumplir con ciertos criterios cuantitativos de desempeño y metas indicativas, también ejecutar una serie de acciones relacionadas con las reformas estructurales que comprometen en su cumplimiento a varias áreas y poderes del Estado.
En cuanto a los criterios cuantitativos de desempeño, como son el piso acumulado del resultado del sector público no financiero(SPNF), el tope de los activos netos internos del Banco Central, la acumulación de atrasos externos del sector público, la contratación de deuda externa por parte del sector público y el piso mínimo del nivel de reservas internas del Banco Central (RIN); las cifras preliminares revelan que las autoridades están cumpliendo con suficiente holgura los pisos y topes, así como también las metas indicativas como el cambio en el crédito neto del sector publico no financiero(SPNF) con el sistema bancario y el tope de la base monetaria.
Aparte de estas variables relativas al proceso de ajuste y estabilización, el acuerdo con el FMI contempla una serie de reformas estructurales en las áreas fiscal, la bancaria y la eléctrica, sujetas a un calendario de iniciativas, de las cuales nos interesa destacar las que debieron efectuarse en febrero y ahora en marzo.
En el área fiscal el Congreso debió aprobar en febrero la ley de bonos, que permitiría refinanciar obligaciones que vencen en el 2005, cubrir atrasos con suplidores acumulados hasta el 2003 y recapitalizar el Banco Central y el de Reservas. Hasta la fecha el Senado de la República no ha colocado en agenda este proyecto incluido implícitamente como parte de los ingresos del presupuesto para este año.
En este mes de marzo el gobierno, con la asistencia técnica del FMI, se comprometió a disponer de los detalles de un paquete de reforma tributaria. También en este mes el gobierno deberá someter al Congreso un proyecto dirigido a eliminar los regímenes tributarios especiales al turismo y zonas fronterizas y presentar otro proyecto que convierten el fraude y la evasión fiscal en delitos criminales. Para mejorar la eficiencia del gasto el gobierno, de acuerdo a la carta de intención, someterá a las Cámaras Legislativas un paquete dirigido a reformar las actuales practicas de presupuesto, compras gubernamentales, tesorería, deuda pública y sistema de gestión financiera.
En la reforma financiera, para continuar el fortalecimiento del marco regulador del sector, la Junta Monetaria deberá aprobar en marzo el reglamento de Contabilidad Consolidada, el de Riesgo de Mercado y Riesgo de Liquidez. Los respectivos proyectos fueron conocidos en la sesión de la JM del pasado jueves 10 de marzo y publicados este lunes 14 con la finalidad de escuchar las observaciones de los interesados.
En el caso de los bancos quebrados y la forma como las pasadas autoridades afrontaron el proceso, el calendario contempla a partir de febrero iniciar evaluaciones, con el concurso de asesores externos, sobre el uso de las facilidades de liquidez otorgados por el Banco Central a los tres bancos y verificar si procedía la devolución de todos los depósitos off-shores. En términos judiciales el Procurador General designará un fiscal especial para conducir la defensa de los intereses del Estado y en marzo publicar el primer informe sobre el «progreso logrado en los casos judiciales civiles y criminales contra la gerencia y directores de los bancos quebrados».
La venta de activos de los bancos quebrados y del propio Banco Central, para reducir el déficit cuasi-fiscal, se encuentra en cumplimiento del calendario pues en febrero, como reza la carta de intención, la JM designó el personal y se aprobó la nueva estructura organizacional(Comité de Políticas Para la Realización de Activos), quedando para marzo completar el inventario de los bienes y el traspaso definitivo a la nueva entidad, que a su vez mediante licitaciones publicas seleccionará empresas administradoras de fondos de inversión y titularizadoras para que asuman unas los paquetes de activos y otras las carteras de crédito de los bancos quebrados.
En el caso del sector eléctrico, aparte de mejorar gradualmente el índice de recuperación, renegociar contratos, administrar el racionamiento del suministro y reducir el costo de generación, las autoridades se comprometieron en marzo a promulgar regulaciones para «facilitar y agilizar la detección y reducción de fraudes».
Gracias a una estricta disciplina fiscal y monetaria el gobierno se encuentra en franco cumplimiento, con mucha holgura, de los criterios cuantitativos de desempeño y las metas indicativas, sin embargo en lo relativo a las acciones relativas a las reformas estructurales, especialmente en el área fiscal y la judicial, se aprecian retrasos en los compromisos correspondientes a las acciones a ejecutar en los meses de febrero y marzo de acuerdo al «Memorando de Políticas Económicas Para 2004-2006» contenidas en el acuerdo con el FMI.
