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RAMÓN NÚÑEZ RAMÍREZ
La carta de intención aprobada el 8 de mayo por el Directorio del FMI, como resultado de la aprobación de la tercera y cuarta revisión del acuerdo stand-by, compromete a las autoridades al cumplimiento de una serie de topes, los criterios cuantitativos de desempeño y las metas indicativas, así como acciones en el ámbito de la reforma fiscal, el sector bancario y el energético.
En cuanto a las metas del programa, aún cuando se establecen topes más estrictos a la contratación de deuda externa, así como al balance global y al primario del sector publico consolidado, el cumplimiento con mucha holgura de los criterios cuantitativos de desempeño y las metas indicativas en las cuatro revisiones del programa el pasado año auguran un cumplimiento similar por parte de las autoridades en lo que resta del programa de 28 meses iniciado en febrero del 2005.
En esta carta de intención, por primera vez desde la reanudación del programa, se incluyen indicadores del sector energético (distribuidoras) mes por mes tales como el abastecimiento de energía, tasa de pérdida, tasa de cobranza, índice de recuperación de caja, gastos operativos y de capital (incluye también a la CDEE) y los topes a las transferencias al sector por parte del Gobierno Central.
En términos de las reformas en el área fiscal, correspondiente con los denominados Criterios de Desempeño Estructural, a finales de junio el Congreso debe aprobar las proyectos de leyes relativos a las nuevas secretarías de Hacienda y Planificación, Orgánica del Presupuesto, Administración Financiera y la de Inversión Pública. A finales de septiembre el Congreso aprobará las modificaciones acordadas a las Leyes de Adquisición y de Controles Internos. También en el área fiscal existen compromisos clasificados como Puntos de Referencia Estructurales en los cuales a junio el Gobierno deberá presentar un plan institucional detallado de reestructuración para las nuevas secretarías de Planificación y Finanzas e iniciar la implementación de un plan piloto que requiera de las dependencias importantes del gobierno declaren los gastos en sus diferentes etapas: compromiso, devengado y pago. A finales de julio el Gobierno deberá identificar las medidas para contrarrestar las pérdidas de ingreso asociadas con la eliminación de la comisión cambiaria y la reducción de los aranceles.
Finalmente a septiembre el Gobierno se compromete al cierre de todas las cuentas de depósitos no usadas e innecesarias.
En el sector bancario los compromisos dentro de los Criterios de Desempeño Estructural se reducen a finales de mayo finalizar la evaluación de la calidad de los activos de la banca y a julio la comisión integrada por el secretario Técnico de la Presidencia. el gobernador del BC y el secretario de Finanzas deberán presentar el programa para recapitalizar el Banco Central y afrontar el problema del déficit cuasi-fiscal. En materia de los elementos de referencia estructurales a finales de mayo la Superintendencia de Bancos debe emitir una circular requiriendo de los auditores externos que conduzcan una revisión especial de las prácticas de controles internos y gestión corporativa de los bancos. En junio la SIB publicará un informe describiendo el cumplimiento de los principios de supervisión bancaria de acuerdo a las normas de Basilea, mientras a septiembre la SIB deberá concluir la segunda evaluación de los planes de negocios de los bancos, finalizar la negociación de los memorandums de entendimiento con las entidades que lo requieran y determinar un plan de acción para mejorar la regulación y supervisión del mercado de valores y mejorar la coordinación entre las entidades de supervisión financiera. A finales de diciembre de este año el Congreso debe aprobar las modificaciones de la Ley Monetaria y Financiera.
El sector eléctrico (distribuidoras y CDEE) también está sujeto a un cronograma de acciones estructurales y a finales de agosto deberán publicarse las auditorías del primer trimestre del 2006 en concordancia con los términos de referencia acordados con el Banco Mundial (criterio de desempeño estructural) así como publicar las auditorías externas de los estados financieros del 2005.
Algunas de las acciones comprendidas en las reformas estructurales no han podido ejecutarse por la falta de aprobación en el Congreso; ahora con la mayoría congresional obtenida el 16 de mayo la administración del PLD no tiene excusas para que todas sean refrendadas después del 16 de agosto.
El cumplimiento de las metas y topes cuantitativos del programa con el FMI contribuyen a consolidar el proceso de crecimiento con estabilidad y mejorar la imagen financiera del país, mientras que las acciones dentro del marco de la reforma fiscal están dirigidas a rediseñar un sector público más transparente, con mejores controles en el gasto y con la posibilidad de garantizar la sostenibilidad fiscal, en tanto las reformas bancarias permitirán dotar al país de un mejor sistema financiero con una supervisión de acuerdo a los estándares mundiales.
