Merilenny Mueses 
El arresto de los hermanos y comunicadores Francisco y José Manuel Alcántara Sánchez ha generado controversia, con dos versiones en disputa sobre el motivo de su detención.
Mientras algunos señalan que se trata de una represalia por haber denunciado el robo de dos aires acondicionados en la Dirección General de Migración, la abogada Anny Elizabeth Guzmán, querellante en el caso, asegura que la detención responde a una querella por violación de propiedad privada.
La primera versión sostiene que los hermanos Alcántara fueron arrestados tras hacer pública una denuncia sobre la sustracción y el traslado irregular de dos aires acondicionados pertenecientes a la Dirección General de Migración.
Según los comunicadores, los equipos fueron trasladados a la residencia de los padres de Tomás Beras, un funcionario de la entidad, quien fue sancionado por la institución luego de confirmarse la irregularidad en el procedimiento.
Ante este escenario, los padres del funcionario, Tomás Santana Carela y Juana Beras de Santana, presentaron una querella por daños morales contra los comunicadores, exigiendo una compensación de 20 millones de pesos. En varias reuniones en la fiscalía comunitaria del Ensanche La Paz, ambas partes intentaron llegar a un acuerdo de conciliación, pero las negociaciones fracasaron, lo que llevó a la emisión de la orden de arresto.
Por su parte, la Dirección General de Migración reconoció la irregularidad en el traslado de los aires acondicionados y sancionó al funcionario Tomás Beras. No obstante, algunos medios y comunicados emitidos por terceros sugieren que el arresto de los Alcántara podría ser una forma de represalia por haber expuesto públicamente esta situación.
Contrariamente a esta versión, Anny Elizabeth Guzmán, abogada de los querellantes, aclaró que la detención de los comunicadores no está relacionada con la denuncia sobre los aires acondicionados, sino con una querella por violación de propiedad privada. Según Guzmán, los Alcántara ingresaron sin autorización a la propiedad de sus representados para investigar, lo que constituye un delito penal en la legislación dominicana.
“El derecho a la propiedad privada es un delito que se sanciona y que se puede perseguir con arresto, con cárcel, que establece una pena privativa de libertad”, explicó Guzmán.
La abogada también afirmó que la orden de arresto fue emitida después de una investigación que confirmó que los hermanos Alcántara ingresaron a la propiedad sin permiso. Agregó que los acusados rechazaron las propuestas de conciliación, las cuales buscaban reparar el supuesto daño moral, económico y psicológico sufrido por los querellantes.
Finalmente, Guzmán desvinculó a la Dirección General de Migración del proceso judicial, subrayando que esta institución no tiene ninguna relación con la querella. “La Dirección General de Migración aquí no tiene nada que ver”, concluyó.
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