Fidel Lorenzo Meran, Durante una Rueda de prensa en El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) y la Asociación Dominicana de Comunicadores Cristianos, Santo Domingo República Dominicana. 21 de noviembre 2013. Foto Pedro Sosa
Más de 200 pastores y pastoras de la comunidad evangélica externaron ayer su preocupación por el auge de la corrupción y la impunidad en los últimos años en el país.
En un comunicado, piden perdón por no haber actuado antes en favor de la transparencia y por aceptar “las migajas envenenadas del poder”.
De igual forma muestran arrepentimiento por no haber promovido desde las iglesias la transparencia que exigen las Escrituras.
Recordaron que la comunidad evangélica fue parte de la Estrategia Nacional de Desarrolllo (END), de la reforma constitucional, y de los grandes pactos nacionales celebrados, “pero hemos fallado en aprovechar esos escenarios para influir a favor de la transparencia y la justicia, y en muchos casos nos hemos dejado utilizar por el poder, a veces de manera ingenua”.
Incluso, reconocen, han sido parte del clientelismo político por dádivas fríamente calculadas, y migajas dirigidas a callar su voz profética ante la corrupción.
Aunque admiten que la corrupción existe desde la llegada del colonizador, y ha estado presente en toda la vida republicana, incluyendo los ensayos democráticos después de Trujillo, consideran que es en los últimos años que se ha recrudecido de forma alarmante.
La comunidad evangélica hace referencia a una medición internacional, en la cual el país aparece con un puntaje de 28 en una escala de 0 a 100, es decir, “nos quemamos con mala nota, mientras un movimiento cívico afirma tener 400 casos de corrupción documentados pero que no han sido investigados por las autoridades”.
Agrega que de hecho la empresa internacional Odebretch confesó en diciembre del 2016 haber entregado a las autoridades desde 2002 hasta 2014 la suma de U$92 millones de dólares en soborno.
“Ya no se trata de eventos ocasionales sino de un sistema corrupto desde las más altas esferas del Estado, y que se evidencia en aspectos que revelan una gran falla institucional. Nos preocupa que el Procurador y el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sean miembros destacados del partido de gobierno”, indica el comunicado.
De igual forma, afirma genera indignación que la Cámara de Cuentas no haya presentado una sola auditoría sobre el caso Odebrecht y que el Congreso no interpele a los funcionarios, a pesar de los casos evidentes de corrupción en la presente administración.