POR ODALIS MEJIA  
La Unión de Juntas de Vecinos del Litoral Sur del Distrito Nacional se opuso a la construcción de la isla artificial por entender que representa un gran negocio para un reducido grupo de inversionistas y que ese proyecto no representa el deseo ni la solución de los problemas básicos de la población.

Igualmente criticó que el Senado no hiciera una amplia convocatoria a vistas públicas para conocer el controversial proyecto, tras considerar que aparentemente “no se está manejando con suficiente transparencia”.

Consideró que la isla artificial abre las puertas a los grandes casinos y por consiguiente a la entrada de un turismo de apuestas “generalmente ligado a la mafia internacional, cuyos capitales son siempre lavados fuera del país que los produce, quedando aquí sólo un ambiente que deteriora la sociedad y corrompe las instituciones”.

La unión que abarca 23 juntas de vecinos de la parte sur del Distrito Nacional, sostiene que ese proyecto conllevaría una emisión amplia de recursos por parte del Estado, mientras el hospital Cabral y Baéz de Santiago no tiene como sacar una radiografía y el de Puerto Plata no tiene curitas.

La posición en contra de la isla artificial fue dada a conocer en rueda de prensa celebrada en el hotel Santo Domingo, donde el arquitecto Humberto Henríquez sirvió de vocero de las organizaciones.

La Unión de Juntas de Vecinos establece que la isla representa una segregación territorial y de clases sociales que sería desagradable y bochornosa para los dominicanos y contrario a un desarrollo armónico y saludable.

Señala que ese proyecto no representa el saneamiento del Mar Caribe que conlleva el desalojo de las riveras del río Ozama, desagües pluviales y sanitarios de varios barrios de la capital.

También que conlleva un cambio de las corrientes marinas, lo cual no ha sido tomado en cuenta por lo promotores del proyecto que aún no han hecho los estudios de impacto ambientales.

“Porque entregar un pedazo de nuestro Mar Caribe conllevaría a que en un futuro pudieran entregarse también el Pico Duarte, el Parque Independencia, la Catedral Primada de América o el Yaque del Norte”, expresa en su oposición.

Dice, además, que negociar parte del Mar Caribe a un grupo social determinado contradice la Ley de Medio Ambiente, tras agregar  que el país ofrece una diversidad de zonas y recursos para el sector turístico e industrial donde pueden operar, ganar y ayudar sin el detrimento de zonas privilegiadas.

Agregan que la construcción de la isla sólo servirá para convertir el litoral sur de la ciudad en el patio trasero de Santo Domingo y como tal se incrementaría la prostitución y el vandalismo, y por ende , la pérdida de valor de las propiedades de estos sectores.

Sostiene que con esto se estaría violentando los derechos de todos los habitantes de estas zonas y otras más alejadas que pagaron altos precios por la vista al mar y disfrutar de sus atributos.

Dice además, que el Malecón ha sido un símbolo histórico de la ciudad capital, testigo de las celebraciones de la  Independencia y único punto de encuentro  de las diferentes clases sociales, lo cual debe permanecer así.

“Porque nuestros mares, como nuestro cielo, como nuestras playas, no deben ser nunca privatizados ni negociados. Son parte de nuestra isla que nos identifican y nos hacen soberanos. Ya es más que suficiente el haber permitido la privatización de más de 30 playas y la venta de nuestro parques nacionales”, expresa.

Entre las juntas de vecinos que están opuestas a la isla artificial se encuentran las Ciudad Colonial, Gazcue, San Carlos, El Cacique.