Nelson Marrero 
Unas relaciones de saldo ambivalente arrojan los tratos, con el Estado de por medio, entre la minera Barrick Gold Corporation y la Falconbridge Dominicana de un lado, y sectores comunitarios al otro extremo.
Esto se hace palpable en las quejas de liderazgos sociales que demandan mayores recursos para las jurisdicciones municipales que son asientos de riquezas sometidas a explotación, mientras el Gobierno, como batuta y constitución, calla y parece satisfecho con sus tajadas.
Cabe recordar que el diputado por la provincia Sánchez Ramírez, Ricardo de los Santos (PRM), estuvo alegando que el fisco se había quedado con los recursos que correspondían a la comunidad en función de los contratos de explotación del oro de Pueblo Viejo que ascendieron a RD$7 mil millones, entre los años 2013 y 2018.
Tras examinar la aplicación de las obligaciones sociales de la minera dijo haber comprobado que el Poder Ejecutivo se quedaba con el 5% de los recursos que la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales destina a su provincia.
La respuesta que institucionalmente ofrece la minera que opera en Pueblo Viejo, Cotuí, es siempre de que cumple al pie de la letra con sus obligaciones tributarias y uno de los informes más reciente a tal efecto indica que pagó alrededor de RD$13,000 millones (US$228 millones aproximadamente) por concepto de impuestos directos y regalías en los primeros meses de 2021).
Explicó también que los impuestos de los dos años anteriores (2020 y 2021) fueron significativamente más altos que los tradicionales por el impacto positivo del aumento en el precio del oro a pesar de haber disminuido la producción a causa de la pandemia.
La multinacional se atribuye haber establecido alianzas con múltiples sectores de los gobiernos municipales y de la sociedad civil para apoyar la preparación y puesta en práctica de planes de desarrollo, con algunos de ellos ya en ejecución.
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¿En qué quedamos?
Desde el ángulo en que se sitúa el reconocido municipalista Waldys Taveras, a la fecha las cosas se ven diferentes: «Las relaciones entre los gobiernos locales y las empresas mineras instaladas en sus territorios son prácticamente nulas y en algunos casos las autoridades locales actúan como pedigüeños ante los ejecutivos de dichas empresas para lograr algunos recursos o que estas ejecuten obras de interés social».
A su entender, aunque la Ley 64/00 de Medio Ambiente en su artículo 117 ordenaba que previo al otorgamiento de permisos, concesiones y firmas de contratos de explotación de recursos naturales el Estado tomara en cuenta la opinión de los gobiernos municipales, la disposición ha sido letra muerta para los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Agregó que el párrafo II de la misma ley indicaba que cuando se trata de recursos no renovables los municipios donde estén ubicadas las explotaciones deberán recibir el 5% de los beneficios netos generados.
Criticó que para favorecer a la minera del oro en Cotuí, el Congreso modificara posteriormente la ley que crea el Fondo Minero estableciendo un régimen especial para beneficiar a la multinacional.
“Creo que las municipalidades no han sido activas en la defensa de sus derechos», sentenció.
Conflicto por Níquel
En teoría -o quizás sin transparencia- el Estado dominicano es propietario del 9.98% de las acciones de la compañía de extracción de ferroníquel creada como Falconbridge Dominicana, subsidiaria de American Nickel Limited, pero no existe constancia de que los beneficios que se derivan de esos derechos de propiedad pasan en alguna medida a los municipios de la jurisdicción en que opera la multinacional.
Sobre la Ley 507-05 que ordenó transferir la participación accionaria a las administraciones municipales de tres provincias: La Vega, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez, lo que vino a saberse diez años después de promulgada es que todavía no se había llevado a cabo la transferencia.
En el 2018, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo certificó que en los años 2015, 2016, 2917 y el propio 2018, el Estado no recibió ningún ingreso por concepto de extracción de minerales en la zona de la Loma La Peguera, considerada uno de los mayores depósitos de níquel en el mundo.
Sin embargo, la representación del Estado para fines de recibir la participación de beneficios por operaciones con el ferroníquel está a cargo del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, Fonper, reciente piedra de escándalo al descubrirse que durante la pasada administración había sido convertido en botín electoral y otras manifestaciones de supuestos enriquecimientos ilícitos.
¿Qué pasa con la minería?
Un informe del Banco Mundial indicaba que dos años después de la gran inversión desarrollada por la Barrick Gold Pueblo Viejo (2011-2012) devino una ausencia de más proyectos de explotación y la inversión extranjera en el sector ha sido reducida recientemente e incluso ha llegado a ser negativa, lo que quiere decir que solo alcanza a ser importante para la economía dominicana en momentos específicos que coinciden con la puesta en marcha de proyectos concretos.
El Banco Central reflejó en un estudio posterior el criterio de que medir la importancia del sector minero en el empleo nacional es algo desafiante por la alta presencia de actividad informal o no declarada, no solo en la minería sino en todos los sectores económicos nacionales.
Seis meses después de comenzar a ejercer como ministro de Energía y Minas de la presente administración, Antonio Almonte dijo al ser entrevistado para la televisión que el principal reto del Gobierno dominicano era auspiciar mayores explotaciones mineras, pero asegurándose de que las comunidades aledañas a las empresas de extracción reciban los beneficios que producen estas actividades.
Se comprometió a garantizar que las colectividades sean beneficiadas de manera directa con las riquezas que genera la explotación minera, reconociendo que se necesita un enfoque diferente con relación al 5% que se destina a la construcción de obras en las zonas de extracción que generan considerables ganancias a las empresas extranjeras y una parte que satisface al fisco.
A Mano pelada
La actividad artesanal a cargo de buscadores de minerales y otros materiales aprovechables para confeccionar joyas es un medio de vida para dominicanos que escapan a regulaciones del Estado con algunos de ellos exponiéndose a perecer en los agujeros que rudimentariamente perforan en la corteza terrestre.
Se comprobó recientemente que las excavaciones para obtener ámbar y larimar en sitios del Este y el Cibao, alejados de zonas urbanas, servían de sustento a más de 400 mineros de picos y palas pero 18 de ellos perdieron la vida por derrumbes en poco más de un lustro, lo que llevó a las autoridades a reconocer que la minería a mano pelada se practica aquí «sin derechos, responsabilidad o controles apropiados de seguridad y salud para los trabajadores».
El oro aluvial que se obtiene de lavados con bateas a orillas de ríos o rebuscando en los sedimentos lanzados milenariamente hacia las orillas, comenzó con la llegada de Cristóbal Colón y sobrevive para nuestros días.
Así lo comprobó Frank Moya Pons cuando investigaba para escribir su libro «El oro en la historia dominicana». Dio fe de que para estos tiempos «el lavado de oro es intenso en los arroyos cercanos a La Mina, en Miches; en el río Bao, en las cercanías de Juncalito y Las Placetas; en los arroyos de Los Ramones y Jicomé, en la cordillera Central, y en el cauce alto del río Haina».
El rey de los metales y máxima expresión de la riqueza abrigada en subsuelos, era vendido en pepitas por dominicanos tenaces en la extracción sin tecnologías al equivalente en pesos a US$787.00 la onza troy en el momento en el que el mercado de metales preciosos de Londres costaba US$1.172,65.
