Dirigentes de la comunidad de La Victoria expresaron sus temores ante la posibilidad de que la construcción de una presa de cola en la comunidad de Cuance, del municipio de Yamasá, dañe los acuíferos subterráneos que abastecen de agua potable los acueductos del Gran Santo Domingo.

Informaron que las aguas subterráneas que producen las cuencas hidrográficas de los ríos Ozama e Isabela son explotadas por la CAASD en campos de pozos que se encuentran ubicados en Santo Domingo Norte.

Estas informaciones fueron dadas mediante un el taller “Preguntas y Respuestas sobre el Tratado de Escazú” organizado por el diputado ante el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), Carlos Sánchez, donde dirigentes manifestaron aprensión al considerar que los suelos de la Sierra de Yamasá, una de las zonas señaladas por la Barrick Gold para la construcción de la nueva presa de cola de la mina de oro de Pueblo Viejo, están compuestos por roca caliza con elevadas permeabilidades y porosidades de las formaciones geológicas de la planicie costera oriental, “que permiten el paso del agua con facilidad y dicha construcción puede dañar las aguas subterráneas y pluviales que se producen en las cuencas de los ríos Ozama, La Isabela y rio Verde”.

El también secretario del partido Alianza por la Democracia (APD), diputado Carlos Sánchez, indicó que para tener una idea del daño que esto podría causar “es necesario decir que una presa de cola es el lugar donde las empresas mineras depositan materiales que resultan del proceso de extracción de metales como oro, plata y zinc, compuestos generalmente por material viscoso, agua, minerales y otros metales, de muy alta gravedad específica, corrosivos, abrasivos y muy ácidos, que se quedan en el lugar donde son depositados por mucho tiempo”.

Explicó que la comunidad de Cuance se encuentra ubicada en la Sierra de Yamasá, cerca de la Loma de Siete Picos, en cuya falda se encuentran varias de las cuencas hidrográficas que abastecen de agua la región sureste del país.

Los comunitarios estuvieron de acuerdo en la necesidad de que el Tribunal Constitucional ya tiene tiempo suficiente para expresar su veredicto acerca de la ratificación en el país del Tratado de Escazú, “que servirá para que las organizaciones sociales puedan tener acceso a información confiable y a su participación en la toma de decisiones sobre cualquier proyecto de desarrollo que quiera ser construido en la comunidad”.