Dirigentes comunitarios de barrios de la capital apoyaron ayer las disposiciones de la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República para impedir que los agentes policiales arresten a los ciudadanos sin la orden de un juez, a menos que se trate de un delito flagrante.

Alexis Peña, del Centro para la Paz la Tolerancia y el Desarrollo (CEPATODE), Ramón Montero, del Movimiento de Trabajadores Independientes y dirigente comunitario del ensanche Espaillat; y Roberto Guerrero, de la Asociación de Grupos Culturales y Deportivos de Gualey (AGRUCUDEGUA), coincidieron en que la medida significa un avance y contribuye a garantizar los derechos humanos de los ciudadanos.

Al ser consultados por separado, los dirigentes comunitarios señalaron que las medidas dispuestas por las autoridades judiciales deben contribuir a frenar los abusos «que a menudo cometen las autoridades» contra la población, sobre todo, cuando se trata de jóvenes residentes en los sectores marginados.

«La sociedad dominicana venía reclamando durante décadas que en el país se estableciera un Estado de Derechos», dijo Peña.

Empero, señaló que la gente de los barrios dice que «si antes la Policía no les hacía caso, ahora mucho menos, porque ahora para un agente apresar a una persona tendrá que tener una orden de conducencia de un juez competente».

Añadió que algunos agentes policiales han dicho que ahora tendrán menos trabajo, mientras se les incrementará el trabajo a los jueces.

No obstante, Peña dijo que las disposiciones de la Suprema Corte y la Procuraduría son «un avance significativo», pero advierte que debieron tomarse todas las medidas de lugar -que no se tomaron-, y señaló que el Ministerio Público que funciona en los barrios no está en capacidad de abrir todos los casos.

Consideró que se necesitan más jueces y también que la Policía debe prepararse para hacer frente a la nueva realidad.

Mientras que Montero expresó que la disposición de las autoridades judiciales es un paso de avance que no hace más que reconocer un derecho establecido en la Constitución de la República, a pesar de que se viola constantemente.

Dijo que no se justifica que un Policía detenga a un ciudadano sin justificación, como sucede con frecuencia.

«Ojalá que el propio Presidente de la República se someta también a ese dictamen», subrayó Montero.

De su lado, Guerrero, profesor de Artes Marciales de AGRUCUDEGUA, afirmó que la medida es un mecanismo para garantizar los derechos humanos de los ciudadanos.

Indicó que si bien algunos sectores se han pronunciado en contra de estos avances, «hay que empezar y las instituciones deben fortalecerse y buscar mecanismos para enfrentar a los delicuentes». El país debe avanzar, recalcó Guerrero.