Dirigentes comunitarios agrupados en el Movimiento de Campesinos Trabajadores Las Comunidades Unidas (MCCU) acudieron ayer al Congreso en demanda de la revocación de los permisos de arrendamiento de más de 100 mil tareas de tierra al Consorcio Minero Dominicano para la instalación de la cementera en un área protegida del parque Nacional Los Haitises.
Además, pidieron la interpelación del director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Enrique Martínez, para que responda por los daños y perjuicios ocasionados por alegadamente distribuir de manera indiscriminada terrenos pertenecientes al Estado.
Alejandro García, en calidad de vocero de los demandantes, citó también el caso de la entrega de unas 20,000 tareas de tierras ubicadas en Sabana Grande de Boyá, provincia Monte Plata, a la familia Rizek.
Portando pancartas, los dirigentes solicitaban que el Congreso revoque el arrendamiento de esos terrenos.
Estos son apenas dos casos de los cientos decididos por el CEA sin someterlo al conocimiento del Congreso, enfatizó García.
Agregó que la entidad se ha convertido en una inmobiliaria de arriendo, venta y donación de bienes públicos.
Una delegación de la organización fue recibida por el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, Mario Fernández Saviñón.