Más de una condición facilitadora determina que República Dominicana albergue excesivamente a inmigrantes haitianos, con documentos o sin ellos; sobre todo porque el cruce por frontera sigue apenas restringido y hacerlo con visas otorgadas sin más requisito que pagar por ellas es un lucro legalizado y jugoso contra el que funcionaria una firme directriz oficial.

Los inspectores de Migración no cobran peaje -ha dicho el director del órgano- pero sus inspectores trabajan en horario de oficina en puestos de control limitados. Su papel no vale para el resto de los kilómetros de la extensa línea divisoria por la que solo deberían ingresar extranjeros que estén destinados a puestos de trabajo regidos por cuotas y en función de la demanda de empleadores que no encuentren operarios nativos para contratarlos. ¡Es lo que hacen todos los Estados del mundo!

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Pero acá flota una población foránea de procedencia vecina que se mueve informal en la marginación y en su busca de ocupaciones devalúa niveles salariales que corresponden a los dominicanos, suplantación incentivada precisamente por las precarias condiciones salariales en áreas que acogen haitianos expulsados por la imbatible crisis de su propio territorio.

Es ilegal e ilegítimo el proceder explotador de quienes prefieren, con riesgos para la República, la mano de obra barata influyendo en que el país sea más vulnerable al exceso inmigratorio escasamente reprendido. Esto no es un asunto de xenofobia sino de límites lógicos entre países.