Si a través del resultado de las elecciones congresuales y municipales del 16 de mayo de este año los electores de este país emitieron algún mensaje, de seguro ese ha sido el de descalificar a muchos de los que pretendieron repetir en sus funciones de legisladores, síndicos, vicesíndicos y regidores.

En el caso particular de los legisladores reeleccionistas, el resultado electoral sirvió para sancionar las inconductas, algunas de ellas graves, que cometieron durante el ejercicio de los poderes que el elector delegó en ellos cuatro años atrás.

Y han sido esos mismos legisladores –descalificados por el voto popular- los que han querido cerrar su ejercicio cometiendo barbaridades tan graves como la creación de una nueva provincia y la aprobación del muy cuestionado proyecto de la isla artificial.

Ya el país había expuesto su rechazo al proyecto de la isla artificial por razones que sería prolijo enumerar.

La misma actitud se asumió contra la nueva atomización del territorio nacional con la única y lamentable finalidad de crear más burocracia.

En ambos casos, los ciudadanos pusieron en tela de juicio la legitimidad de estas propuestas y se descalificó a los legisladores para emitir voto favorable. En el caso particular de la isla, hasta algunos de sus auspiciadotes terminaron cuestionando el proyecto.

-II-

Sin embargo, las cosas no son tan sencillas como parecen.

A propósito de la isla artificial, la oficina de prensa del Palacio Nacional ha declarado al respecto que «por una confusión» los documentos de ese proyecto fueron enviados recientemente al Senado. Se deduce que a partir de ese apoderamiento «por confusión», los legisladores se encargaron del resto.

El argumento para desvincular al Gobierno de esta reactivación del proyecto de la isla artificial a posteriori del revuelo que ha causado la aprobación del mismo en el Congreso hace recordar que recientemente el Gobierno decidió no aplicar el convenio de préstamo para la Policía Nacional, muy cuestionado por cierto, pero lo hizo después de que fuera aprobado por las cámaras legislativas.

El detalle en común en los casos del préstamo y el proyecto de isla artificial es que ambas iniciativas provenían del Poder Ejecutivo, aunque una de ellas llegaría al Senado «por confusión».

Sea como fuere, la explicación del Palacio Nacional permite intuir que el Poder Ejecutivo, así como lo hizo con el contrato de préstamo para la PN, se abstendrá también de darle curso al proyecto de la isla artificial, de cuya remisión al Senado se desvincula.

Aspiramos a que, del mismo modo, el Poder Ejecutivo utilice sus facultades para objetar la creación de una nueva provincia, por entender que ese paso no está respaldado en aspectos socio económicos ni nada que beneficie a los dominicanos.