Acompañando por pura casualidad al crítico que entonó el “Aquí no se ha resuelto ningún problema en estos cuatro años” (Magín Díaz), desde el litoral oficial emergieron los criterios del ministro Pavel Isa Contreras describiendo como «históricas las decepciones por el desempeño del Estado y la baja calidad del gasto público». Con esta narrativa subrayó su llamado a tomar las «decisiones necesarias» para que el sector público haga el trabajo que debe de hacer para prestar servicios de calidad a la población y al tejido productivo.

La principal falla de origen para el empobrecimiento fiscal que conturba, y con el que no podrían sobrevivir por mucho tiempo más las finanzas públicas, está la culpa arrojada hacia diversas administraciones gubernamentales (y sobre todo a la presente) por no haber implementado antes cambios significativos en la lucha contra la evasión. Una queja de economistas locales deplora que la informalidad -en la que muchos permanecen para subsistir, pero también muchos pejes gordos de la sombra para enriquecerse- sigue siendo un problema al mantenerse entre el 56% y el 58% de la economía mientras el sector eléctrico no ha parado de retroceder.

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La sed por recursos frescos desde el poder nunca ha sido saciada con recaudaciones aunque legítimamente deben ser el alimento de las arcas oficiales y no, como parece a veces, la comida del boa. Ante esa realidad ha salido al frente un reparo preventivo a lo que finalmente logre configurarse como reforma fiscal verdaderamente funcional; porque para algunos analistas exigentes lo que más importa no es saber cuánto dinero más irá a las bóvedas oficiales sino ¿en qué se gastará?

La capacidad del poder que estará vigente en este cuatrienio como para «meterse en cintura» con un gasto público de calidad no ha salido todavía de un marco razonable de dudas, quizás por mera ausencia de enfáticos testimonios de que al fin habrá límites para la vocación gastadora de inspiración política. ¡Esa sí que tiene fuerza en este país!

Los efectos calamitosos del déficit que resulta de que el Gobierno deja de cobrar impuestos, fundamentalmente por inefectividad recaudadora institucionalizada, fueron admitidos ya implícita y expresamente: al país le urge brindar servicios públicos y disponer de infraestructuras de «mucho más calidad». La meta no está nada fácil y eso lo admite, junto con lo anterior, el ministro Isa de las cartas sobre la mesa: existe, muy palpablemente, una fuerte resistencia en el tejido social y empresarial «a sufragar cambios favorables pagando más impuestos o tarifas efectivas más altas».

Que paguen los otros

Están dadas las señales de que el empresariado preferiría que la solución no radique demasiado en crear más cargas impositivas, sino en hacer valer las que ya existen y que espantan por la magnitud en que estarían escapando al recaudador. Según un informe del ente especializado de las siglas CIAT, de cada peso que debería ir a las alforjas de la fiscalidad dominicana en virtud de los tributos por transferencias de bienes industrializados y servicios (Itebis) solo se consiguen 34 míseros cheles; una «victoria» pírrica para el sistema.

Al respecto el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) puso en el otro platillo de la balanza evaluadora el que la eficiencia en el cobro impositivo a las gruesas renta personales y corporativas, es de un 62%; insuficiente de todos modos puesto que por su peso específico debería llegar a un 80% o más porcentaje por estar dirigido a sectores de alta rentabilidad y patrimonios que también son los beneficiarios favoritos del derroche de exenciones que ha caracterizado a los últimos años y que causa un impresionante vacío presupuestal.

Huidiza está también la Asociación de Industrias de la República Dominicana con insinuaciones de que en eso de reforma fiscal es preferible que en vez de enfocarla en la rentabilidad de las empresas se vaya por otro camino: «Consideramos que cualquier reforma tributaria debe ir de la mano con un fortalecimiento de la capacidad de la administración tributaria para reducir la informalidad y la evasión fiscal, que alcanzan niveles de preocupación en sectores clave”.

Los sectores de bajos y medianos ingresos, organizados o no, han conquistado la buena vibra congresual contra la eventualidad de que recaiga sobre las clases medias y pobres alguna fórmula de pagar más impuestos. Casi en consenso, recientemente diputados se expresaron desde sus curules para reclamar que antes de arremeter contra los débiles, se lance una ofensiva en busca de los recursos evadidos. Dijeron a la prensa que por esa vía, el fisco recuperaría «muchos miles de millones de pesos». El «no tributar» anda por todas partes.

ESTADO DESAFIADO

Lo que el Gobierno se propone acometer «no está nada fácil» y esto fue lo que se percibió en un conversatorio celebrado recientemente en la sede capitalina de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) en el que se reprochó que las diferentes administraciones del Estado hayan tardado tres decenios en enfrentar los déficits de recaudaciones acompañados de gastos de crecimiento descomunal, un retraso que haría que ahora tenga que recurrirse a una «vacuna dolorosa».

Los panelistas coincidieron en que para impulsar los cambios estas autoridades tendrán que eficientizar su gasto, combatir la evasión y tapar el hoyo financiero del sistema eléctrico dominicano entre otras condiciones fallidas. Entendieron que no se podría impulsar una reforma cuando no hay control en la evasión fiscal. «La lucha contra la evasión debió ser tímida durante la pandemia pero ahora no hay justificación».

Propuestas de profundidad fueron debatidas en aquel desfiles de voces calificadas como la de que: «El Ministerio de Economía podría perfectamente absorber a las carteras de Hacienda, Industria y Comercio, Agricultura, Trabajo y todos los ministerios que tengan que ver con el sector productivo para así reducir significativamente los gastos». Un virtual desmantelamiento del gabinete sería necesario (según uno de los analistas presentes) para que la gente comience a decir que vale la pena pagar más impuestos.

FOGÓN DE 4 PIEDRAS

La fórmula «Isa Contreras» no entra en muchos detalles sobre la forma de sacar a las finanzas públicas de su severo descenso pero sí especifica lo que debe lograrse tomando cuatro rutas a la vez: Es necesario financiar adecuadamente y con recursos presupuestales los servicios públicos y las infraestructuras de calidad protegiendo a aquellos que no tienen capacidad para pagar impuestos. Lo que adelanta que el segundo condicionamiento básico planteado sea lograr la mayor equidad tributaria posible entre sectores.

A continuación, el ministro de las «cartas sobre la mesa» advierte con objetividad, y sin el dramatismo que merece, sobre la importancia de disminuir la contratación anual de deudas. «La opción más razonable es aumentar los ingresos». Para otros, es la única. Pero donde baja duró el Isa de apellidos radicales de la política es cuando exige, expresamente que: «Es hora de poner los recursos disponibles a trabajar de manera efectiva. El clientelismo, como práctica generalizada, no es compatible con nuestros esfuerzos por generar bienestar y equidad. Trabajemos juntos para construir un futuro más justo y prometedor».

¡POR AHÍ NO!

Hay quienes razonan que antes de agenciarse más recursos extrayéndolos del trabajo y la producción de los dominicanos, estas autoridades deben ganar la confianza ciudadana corrigiendo las estructura tributaria que genera evasiones y auspicia exenciones fiscales. Más concretamente el economista Apolinar Veloz declaró hace poco al periódico HOY que: «si el Gobierno no precisa en qué usará los RD$120,000 millones que pretende recaudar en la reforma fiscal, es como si recibiera un cheque en blanco para utilizar esos recursos a su manera».

Eso conllevaría socializar los planes específicos que proyectaría el gobierno para «mejorar la calidad de la educación y la salud primordialmente»; y resaltó que «las políticas fiscales consisten en hacer planes específicos, no en propaganda y decir que la Ley de Responsabilidad Fiscal limita el gasto, sabiendo que no es así».

Veloz, con la velocidad de su apellido, abominó de las amnistías fiscales que equivaldrían a legalizar violaciones a la ley y describió a la administración de Luis Abinader como la de menor representatividad para la nación porque «en interés de lograr el financiamiento de la oligarquía dominicana dedica el presupuesto de gastos a aspectos no fundamentales y para dar negocios a sus asociados a través de proyectos de inversión pública que no están dirigidos a enfrentar los problemas esenciales de la población, añadió. ¡Cojan esa rodada por el Shortstop!