La Conferencia del Episcopado Dominicano ha hecho observaciones y recomendaciones puntuales sobre uno de los problemas sociales más graves que tiene el país, pero cuya solución han postergado los gobiernos por pruritos de diversas índoles.

De todas las migraciones que tocan el país, la haitiana tiene características muy especiales, sobre todo porque, como ninguna otra, en algunos casos tiene rasgos esclavistas definidos por operaciones de mafias de lado y lado de la frontera.

Sin embargo, las autoridades de cada Gobierno han temido siempre al señalamiento interesado que pretende encasillar un ejercicio legítimo de soberanía como acto de xenofobia, de abuso. A sabiendas de que las imputaciones de este tipo tienen un efectivo uso político, todos se han cuidado de ejercer a plenitud su deber.

Esto y unas complicidades a ambos lados de la frontera, que hacen riqueza negociando con mano de obra ilegal, han convertido la inmigración haitiana en una verdadera amenaza social.

-II-

Aunque cuidando el aspecto humanitario de la cuestión y haciendo observaciones atendibles en cuanto a las repatriaciones de ilegales, la Conferencia del Episcopado Dominicano plantea la necesidad de que el Estado asuma sus responsabilidades para contener una inmigración que sobrepasa nuestras capacidades.

El primer deber habría de ser la repatriación pura y simple de todo inmigrante ilegal, de cualquier nacionalidad, pero con especial atención en el caso de los haitianos. Esto hay que hacerlo con absoluto apego a las normas del derecho, respetando la dignidad, pero libres del temor de que este acto de soberanía pueda ser utilizado por adversarios políticos  que recurren a organismos internacionales de burocracia trasnochada para buscar decisiones condenatorias que, por cierto, no se aplican cuando los repatriados son los dominicanos que ingresan ilegalmente a otros países.

-III-

La responsabilidad del Estado ha estado tan relajada que a pesar de que el problema de la inmigración furtiva haitiana es de muy larga data, es ahora cuando se está hablando de una legislación actualizada sobre la materia.

A esto se suma el hecho de que no hay en Haití interlocutores válidos para un entendimiento bilateral en materia migratoria, pues el vecino país se desenvuelve en una especie de equilibrio inestable al que las fuerzas se acomodan por conveniencia, no por predominio de una institucionalidad y un dispositivo gobernante.

Hay que hacerle caso a la Conferencia del Episcopado Dominicano y enfrentar con decisión y autoridad el grave problema de la inmigración ilegal.

No es posible que se permita que continúe creciendo un problema social que perjudica a nuestro país, pero que en todo momento ha sido altamente rentable para quienes han vivido del capital político que sacan de las calamidades del inmigrante ilegal haitiano.