Preocupante contradicción entre sus integrantes ha emergido en el seno del órgano a cargo de los aspectos contenciosos del quehacer partidario y de preservación de la legalidad en que deben desenvolverse las justas comiciales a ser certificadas institucionalmente en sus eventuales y periódicos resultados.

El Tribunal Superior Electoral, instrumento colegiado fundamental de esta democracia, debe ser ejemplo de transparencia, equilibrio y armonía. Fuera de dudas en sus aspectos administrativos internos, de respeto a sus propias normas en la toma de decisiones administrativas y de resolución de conflictos puestos a su cargo. La unilateralidad no cabe allí.

En interés de que la corte marche hacia el futuro inmediato inspirando respeto y conservando la confianza que en ella llegó a depositar gran parte de la ciudadanía y de los propios contendientes de los perturbados comicios recién pasados, el presidente Luis Abinader ha sido instado por voces de la sociedad civil, y en función de sus competencias, a colocar desde ya al Consejo Nacional de la Magistratura en el cauce que llevará a la elección renovadora del pleno del TSE en el cercano 17 de julio, previo escrutinio sobre aspirantes a integrarlos, en función de sus antecedentes y competencia comprobada, de trayectoria personal y profesional y condiciones para administrarse con independencia. El sistema electoral dominicano debe tener allí una firme columna.

Acción integral contra drogas

El destructivo tráfico de estupefacientes merece un permanente combate frontal pero la oferta de su infame sustancia va a un público de adultos, jóvenes y hasta menores de edad, en los que se concentra el daño más horrible para la sociedad. Sin la vulnerabilidad en que se encuentran los segmentos de consumo, la drogadicción solo merecería represión policial y ya.

Pero la ingestión de dosis enferma emocional y físicamente a miles de individuos restando brazos a la vida productiva, con honda repercusión en la vida familiar por generar una adicción que doblega voluntades y puede llevar a conflictos con la ley para asumir un caro vicio que no es tratado en sus complejas causas con tempranas gestiones de reeducación y rehabilitación. Apenas a cargo de iniciativas privadas con ausencia de una sólida política de Estado.